Así lo sostuvo el defensor de los vecinos de la Ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez, luego de un mitín que tuvo con el representante del gobierno provincial y su par chaqueño. Pidió también la intervención del Ministerio de Transporte de la Nación para convocar a una audiencia pública.
La situación preocupa a los habitantes de ambas provincias que, cotidianamente, deben viajar y pasar por las casillas que cobran el importe. A raíz de la problemática que representa el vencimiento de la concesión para la empresa encargada de las acciones en los puestos que dividen ambas provincias, el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, junto al de la Provincia de Corrientes, César Vallejos Tressens y el de la capital correntina, Javier Rodríguez tuvieron una reunión para abordar posibles medidas a seguir.
En la ocasión, abordaron la realidad actual del peaje interprovincial y coincidieron que la concesión venció el pasado 27 de abril, por lo que «se trata de una casilla ilegal, pedimos que deje de cobrarse el peaje hasta que se regularice la situación, y principalmente buscamos evitar que se prorrogue la concesión a la empresa actual que está actuando arbitrariamente”, dijo el representante de los vecinos de la Ciudad de Corrientes.
Denunciando esta irregularidad, y adelantándose a un inminente llamado de licitación, plantearon la necesidad de generar un espacio abierto de expresión y debate que escuche las requisitorias y planteamientos de los usuarios del servicio. Como primera determinación, los Defensores acordaron remitir una nota al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para que llame a una audiencia pública.
Siguiendo esa línea, explicó: “pretendemos que el Ministerio escuche las voces de usuarios, legisladores, defensores, asociaciones de consumidores para que se tenga en claro las prioridades y las apreciaciones de quienes circulamos periódicamente, pagamos el peaje y exigimos el cumplimiento de las contraprestaciones”.
Por último, Rodríguez sentenció: “hasta ahora nadie sabe detalles de la concesión, sería útil la audiencia también como instancia de conocimiento ya que actualmente se desconocen las responsabilidades y obligaciones del concesionario, como así también los criterios establecidos en el pliego y los fundamentos de esta concesión” y comunicó que “los ciudadanos tenemos derecho a una información adecuada y veraz respecto del servicio que se nos brinda”.
