Trabajadores del organismo afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) denuncian que en medio de la alerta fitosanitaria, y la escasez de recursos y personal, las autoridades están intentando despedir a dos trabajadores con más de 10 años de experiencia.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en la regional Chaco-Formosa, la cual se encuentra actualmente en emergencia, reduce su personal en plena estado de alerta, cuando se debería disponer de todos los recursos para monitorear y vigilar la presencia de las langostas y a su vez realizar las acciones preventivas para el control del HLB. Las dos, plaga y enfermedad, muy dañinas para la producción.
Nos preocupan las decisiones y acciones que viene llevando la regional, evidentemente en sintonía con las políticas de achicamiento del gobierno nacional, políticas de ajuste que claramente van en contra del bienestar sanitario; lo cual nos lleva a la interrogante ¿Cómo SENASA pretende mantener el estatus sanitario? ¿Achicado?.
Creemos que la solución no es el achicamiento, sino una mayor organización, un financiamiento acorde que permita realizar más control y fiscalización.
El achicamiento y desfinanciamiento que viene sufriendo el organismo sistemáticamente genera que no haya insumos, que se cuenten con vehículos en malas condiciones y los que están bien no son suficientes para abarcar todo los trabajos territoriales, empeorado esto por la escases de dinero para combustible y la realización de los servís de las unidades.
La regional atraviesa un momento difícil, luego del papelón de la triquinosis, a la que se le suma la detección de los 3 casos de HLB y la aparición de focos de langostas.
Las barreras de Santa Sylvina, Gancedo y Paralelo 28 (Chaco) siguen sin funcionar, puntos estratégicos de entrada y salida de productos y subproductos de origen vegetal y animal de consumo humano y de toda la producción de Chaco-Formosa.
REPUDIAMOS LOS HECHOS, no tienen reparo en dar de baja contratos de personas que brindaron servicios al organismo por más de 10 años. Claramente nos encontramos en un atropello al derecho del trabajador, al que se le suma la desfinanciación progresiva y la falta de administración.
