Desde su departamento de Salud, el sindicato advierte las pésimas condiciones laborales del sector en sus dependencias de toda la provincia, lo que amenaza no sólo a trabajadores y trabajadoras, sino a la población paciente. En ese marco, este jueves 1 de junio y viernes 2 van a un nuevo paro para denunciar esta situación.
El departamento de Salud de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) denuncia la alarmante situación de la Salud Pública en la provincia, que perjudica no sólo a los agentes sanitarios sino también a todos los ciudadanos que no tienen acceso a un servicio digno.
En el marco de una política del gobierno provincial, muy similar a la del gobierno nacional, la cartera sanitaria comenzó un proceso de persecución laboral, reducción presupuestaria disfrazada de modernización del Estado, que incluyó revisiones de carga horaria y productividad. Así, con una mirada mercantilista del Estado, miden la productividad en términos de tiempo de producción de los agentes sin tomar en cuenta el desfinanciamiento, la desinversión, la precarización y contextos de violencia laboral, las condiciones hostiles de infraestructura y la falta de políticas sanitarias y planificación.
Entonces la ministra de Salud, Mariel Crespo, y funcionarios denuncian por un lado un alto ausentismo del personal de Salud Pública, mientras continúan designando directores de área en los hospitales que cumplen funciones dos días en la semana, y un importante número de casos ejerce persecución y violencia laboral hacia los trabajadores. Pero nada dicen sobre la faltante de insumos y medicamentos, la inseguridad en las guardias y en cada uno de los servicios de atención de la provincia. Con la llegada del frío, los hospitales no tienen sábanas ni frazadas para los internos.
Y mientras tanto, para las campañas realizadas de prevención del dengue, zika y chincungunya se utilizan químicos vencidos. Los trabajadores vectores que deberían realizar estas tareas de prevención están destinados a cubrir lugares de trabajo en hospitales y centros de salud (estadísticas, enfermería, limpieza, etc.) sin ningún tipo de medida de bioseguridad, y todo esto es generado por una importante falta de personal para cubrir las necesidades de atención del sistema sanitario.
La Salud Pública continúa funcionando por la mayoría de personal precarizado en variadas modalidades: programas o becas (expertos, comunitarios) y materno infantiles en diferentes cortes, con sueldos que no alcanzan al salario mínimo, sin cobertura social, jubilación ni estabilidad, con horarios esclavizantes. En cuanto a Médicos Comunitarios son varios los cortes precarizados de julio del 2010 cumpliendo funciones en hospitales y centro de salud. Es más: en el caso de Expertos deberían contar con mutual y estar bancarizados, cosa que al día de hoy el Ejecutivo sigue incumpliendo. Trabajadores y trabajadoras a los que son violados diariamente todos sus derechos laborales.
El Gobierno no sólo no genera las posibilidades de regularización del personal, sino que además el máximo responsable de la provincia, Domingo Peppo, expresó públicamente que el sistema estatal está saturado de empleados y que no habrá nuevos cargos en Salud más que para algún especialista. Sin el personal precarizado, no está garantizada la atención y el servicio mínimo de salud pública en la provincia.
El personal de planta permanente tampoco recibe un sueldo digno ni los recursos necesarios para garantizar una atención de calidad, y recibe un trato de desigual y manipulación a través de las bonificaciones como insalubridad, mal usadas para premiar o aleccionar al personal. Las bonificaciones son un derecho adquirido de todos los trabajadores y trabajadoras, que está garantizado por la ley que regula las pautas laborales de los trabajadores del Estado chaqueño: la Ley 2017. Sin embargo, el gobierno parece tener trabajadores de primera y segunda línea, como los agentes del centro de contención de la salud pública del interior que no reciben bonificación alguna.
Las malas condiciones estructurales en las que se encuentran la mayoría de los centros hospitalarios afectan a todo el pueblo chaqueño que concurre a ser atendido. En el Hospital de Gancedo, cuya estructura está íntegramente deteriorada, la farmacia funciona adentro de la cocina debido a la falta de espacio. El parque automotor cuenta con vehículos en malas condiciones, lo que significa riesgos en traslados para pacientes y trabajadores que enfrentar largos traslados y caminos intransitables para salvar vidas.
Lo mismo ocurre en las dependencias de Salud Mental, totalmente desfinanciadas y desabastecidas, sin garantizar las condiciones mínimas de dignidad de los pacientes internos, como lo que sucede en la comunidad terapéutica La Eduvigis, que se encuentra aislada por las constantes lluvias y el deterioro de las condiciones edilicias.
Los fondos fijos asignados a cada hospital – que están totalmente desactualizados- no son entregados en tiempo y forma, por lo que para poder funcionar, los hospitales deben recibir ayuda de las municipalidades o asociaciones civiles locales, e inclusive realizar venta de bingos para poder atender, ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias para suplir necesidades. Igual situación se da con el pago de personal asignado a diferentes tareas, desde maestranzas hasta enfermería por parte de las municipalidades.
PRIVATIZAR LA SALUD: PRIVAR DE DERECHO
En este contexto, Chaco fue una de las primeras provincias en sumarse a la Cobertura Universal de Salud (C.U.S), un modelo que propone el gobierno de Mauricio Macri como reforma del sistema de salud, instaurando una salud de calidad para ricos y otra para pobres, violando el derecho de atención de las personas y a la condición laboral de las personas. La implantación de la C.U.S es la concreción del avance del mercado sobre la salud pública. El principal argumento es “el mal funcionamiento del sistema anterior” para justificar el proceso de privatización que ya se vienen realizando silenciosamente en hospitales como el Bicentenario de Castelli, Perrando y Pediátrico de Resistencia y 4 de Junio de Sáenz Peña, en sectores como Limpieza, Cocina y Seguridad.
La C.U.S funcionará como un fondo destinado a personas sin coberturas que tendrán una canasta de prestaciones para patologías específicas que pueden ser realizadas por el sector público o privado. Es decir, el Estado compra esas prestaciones, no las genera. La salud se vuelve un negocio para unos pocos y un perjuicio para la población. Ésta canasta es un listado específico de patologías a las que darán una cobertura mínima de salud, lo que significa que quienes padezcan enfermedades más complejas o poco frecuentes, no incluidas en la canasta, quedarán excluidas y deberán pagar.
¿Refleja realmente este modelo las intenciones por parte de la ministra y el gobernador de bregar por mejorar la calidad de prestaciones en materia de salud para el pueblo chaqueño? ¿La posible contratación de una nueva empresa privada (como la empresa Traditum, del grupo Roggio) mejoraría la calidad de atención?
