Desde la oposición y la defensoría crecen las críticas hacia la decisión del Gobierno macrista que viola las leyes y convenciones internacionales y nacionales.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, envió un pedido de informes a la Anses para que explique por qué suspendieron «injustificadamente» las pensiones a los discapacitados.
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Por su parte, la oposición criticó la medida del macrismo, ejecutada por la ministra Carolina Stanley, quien reflotó el decreto 432 que dictaminó del ex presidente Carlos Menem, para sacar las pensiones graciables a las personas con invalidez, y entrecruzar datos para darlas de baja automáticamente.
Desde el Frente Renovador, la diputada nacional Mirta Tundis se encargó de cuestionar la medida.“Ya no es novedad que el Gobierno le siga quitando derechos a los que menos tienen. Ahora da de baja las pensiones no contributivas, las pensiones por invalidez y a personas que tienen un 76% de incapacidad. Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo», señaló.
Lorenzino quiere saber si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamenta.
“Esta medida afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ataca a los derechos de las personas con discapacidad y se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresó Lorenzino.
Según las quejas que llegaron a la Defensoría, las pensiones fueron suspendidas sin previo aviso.
“Nos enteramos que habían sido dadas de baja cuando fuimos a cobrar al banco”, reclamó un grupo de vecinos de Ituzaingó. Sobre la medida, subrayaron que “preocupa que no tienen en cuenta la necesidad de la gente, es otra acción más que atenta contra el bolsillo de las personas”.
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En la presentación de la Defensoría, además, se pidió información sobre la cantidad de pensiones que fueron dadas de baja en los años 2016 y 2017, cuáles fueron los motivos y en qué norma se basaron para hacerlo.
Además, el organismo busca saber si existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso, y si se producen rehabilitaciones del beneficio luego del reclamo de los beneficiarios.
