Patricio Sabadini, fiscal federal, es padre de Umma, una nena con síndrome de down, y mediante una carta expresó su dolor y repudio por la medida nacional de la quita de pensiones a discapacitados. Sabadini detalló que su hija nunca recibió una pensión, pero acompaña el reclamo de las miles de personas que deben enfrentarse a una situación ingrata. El dolor en primera persona.
La carta escrita por Sabadini dicta:
Las vidas sin valor vital, lo inhumano y las personas con discapacidad
En el año 1920 uno de los pensadores mas importantes de la filosofía del derecho y la ciencia penal, Karl Binding, en una breve obra denominada “Licencia para exterminar la vida sin valor vital” exponía junto a un catedrático de psiquiatría, en el marco la situación de enfermos terminales físicos y psíquicos, que el Estado debe contribuir a la muerte de los mismos, debiendo primar los intereses de la sociedad, ya que aquellos consumen un cúmulo más de recursos que una persona sana, todo ello para justificar una medida médica, de carácter técnico-administrativo tendiente a que, en determinados supuestos, se acabe con la vida de seres humanos que suponen un peso para el Estado. Se preguntó “¿Existen vidas humanas que han sufrido una merma de su carácter de bien jurídico, que su continuidad ha perdido todo valor tanto para los titulares de esas vidas como para la sociedad?”.
Si bien Binding orientaba esta pregunta en torno a la eutanasia o un “supuesto derecho a morir”, lo que mas repulsa causó es esta idea de “utilidad” y de categorías jurídicas que degradaban al ser humano a nivel de cosa o animal. Su compañero intelectual (Hoche) fue mas allá, destacó la posible actitud de los médicos en defender la idea de que los enfermos mentales no tengan derecho a la vida por carecer aspectos relevantes que le dan un “sagrado” sentido. Exterminar enfermos mentales no era “matar una persona” pues eran seres irracionales y no podían tener un derecho subjetivo a la vida. He aquí el problema para el Estado, por ser carentes de existencia y seres vacíos configurando una carga para los mismos. Este punto es lo determinante para justificar su eliminación con total impunidad para estos pensadores. Este pensamiento fue resucitado años después por el nacionalsocialismo con las consecuencias para la humanidad que todos conocemos.
En las últimas horas hemos sido testigos de afirmaciones de un funcionario de la cartera de Desarrollo Social al diario Clarín (léase no Página 12, ni Tiempo Argentino) respecto a que las personas con Síndrome de Down no son sujetos a beneficiarse con la pensión por discapacidad porque “pueden trabajar.” Como anticipación a cualquier posible estupidez funcional, quien suscribe no intenta tildar de fascista, nazi o cualquier otra ideología afín a las afirmaciones vertidas por dicho funcionario; ni mucho menos fomentar un alzamiento contra el orden democrático. Solo advertir la génesis y el peligro que conlleva ligar el concepto de utilidad con el ámbito de las personas con discapacidad, que si bien el primero para el mundo de la economía es relevante, para esto último la mancha indeleble de la historia nos ha demostrado su pero cara.
Este “poder trabajar” encierra, mas allá de la falta de sensibilidad y humanidad si existiese diferencia, un cinismo atroz. Bien es sabido que la inclusión de las personas con discapacidad en los últimos años es una pelea con conquistas a cuentagotas, donde cientos de personas e instituciones luchan por eliminar diferencias y lograr su inclusión, por ejemplo en el ámbito educativo y en el mercado laboral. Dichos héroes anónimos, en la mayoría de los casos son invisibilizados. Aún así, existe una gran tarea pendiente en materia de inclusión por parte de la sociedad.
Ahora, conocida es la situación sobre una masa de personas (sin discapacidad) que no pueden ingresar al mercado laboral, y aquellos que ya lo han hecho deben someterse a un sistema precario, cuanto menos inestable. Aquí subyace el núcleo de cinismo, pues las personas con discapacidad, entre ellos, los que “pueden trabajar”, en palabras del funcionario, como lo son las personas con síndrome de down, deben someterse a un doble padecimiento: el de la falta de inclusión y el acceso al mercado laboral. Esto desde el punto de vista fáctico y debajo de un pisapapeles.
Desde el punto de vista jurídico, la Convención de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) incorporada a nuestro país por Ley 26378 del 2008 deja patente que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no mero punto de beneficiencia o asistencialismo. En caso de existir dudas sobre las pensiones asignadas en los últimos años es deber del Estado auditarlas y, en caso de fraude, la denuncia correspondiente, así como existen cientos de imputados en la justicia federal en todo el país por cobro de jubilaciones truchas. Lo inhumano también radica en esto, pues no se debe dar por decaída una pensión y aguardar el reclamo a los fines de que deba comprobar su discapacidad. Sería como obligar a las personas a comprobar su inocencia.
Gente, no números; inclusión, no utilidad; derechos, no productividad; sensibilidad, no pragmatismo; almas, espíritus, en definitivas, humanidad. Solo así podemos construir una sociedad donde todos formemos parte, donde no todo esté guiado o de la mano de un estúpido maniqueísmo enfrascado en etiquetas políticas. Las personas con discapacidad no reconocen envases. Solo depende de que nos escuchen como padres. Perdón por la catarsis, pero duele.
Patricio Nicolás Sabadini
Papá de Umma
28.888.006
