Condenaron a siete años de prisión a Menem por contrabando de armas

Policiales

El ex presidente y actual Senador en la provincia de La Rioja, fue condenado por la Cámara Federal de Casación Penal a siete años de prisión y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 14 años, debido al tráfico ilegal de material bélico a Croacia y Ecuador.

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó este miércoles la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos al ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador, en la década del 90′.

Menem, de 86 años, tiene mandato como senador nacional por La Rioja hasta el próximo 10 de diciembre, y por lo tanto hasta entonces tiene fueros parlamentarios que impiden su detención, pero se presentará como candidato para renovar el cargo en la interna del justicialismo riojano, con lo cual, en caso de ganar una vez más una banca, seguiría protegido frente a esta decisión judicial.

Al rechazar los recursos de las defensas, la Sala I del máximo tribunal penal ratificó también las condenas impuestas al resto de los procesados por esos hechos y declaró “abstracta” la apelación presentada por la defensa del fallecido ex ministro de defensa Oscar Camilión.

El resto de los condenados son el Coronel Diego Palleros, acusado de ser el intermediario en el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador y representante de Fabircaciones Militares (FM), y los ex militares que ocuparon cargos jerárquicos en FM en aquel momento: Manuel Cornejo Torino, Haroldo Luján Fusari, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jesús Julio Sabra y Jorge Antonio Cornejo Torino.

A su vez ratificaron las condenas del ex funcionario de Defensa Carlos Alberto Nuñez; el ex interventor de FM Luis Eustaquio Sarlenga; y la ex jefa de abastecimiento de FM, Teresa Hortensia Irrañeta de Canterino.

Además de la pena impuesta a Menem el Tribunal Oral en lo Penal Económico Tres había condenado a Camilión a cinco años y seis meses de prisión, a Palleros a cinco años, a Manuel Cornejo Torino, Fusari, Nuñez y Jorge Cornejo Torino a cuatro años y seis meses, a González de la Vega a cuatro años y tres meses y a Sabra, Sarlenga y Teresa de Canterino a cuatro años.

En todos los casos, ahora ratificados por la Sala I de la CFCP, se ordenó la inhabilitación para el desempeño de la función pública y, en algunos, el decomiso de dinero, que los condenados están intimados a depositar dentro del plazo de 10 días.

La decisión de la Sala I integrada por Ana María Figueroa, Juan Carlos Geminiani y Angela Ledesma, giró en torno a los planteos que habían realizado los ya condenados, en relación a «ausencia de fundamentación suficiente», «arbitrariedad en la valoración de las circunstancias» por parte del Tribunal Oral en lo penal Económico N° 3, falta de «garantía de ser juzgados en plazo razonable» e «incostitucionalidad de los mínimos legales realizados».

En la causa se investigó la venta de material bélico a Croacia -en guerra con la ex Yugoslavia- cuando había un embargo internacional de armas; y a Ecuador, enfrentado entonces con Perú por un conflicto limítrofe, donde Argentina era garante de paz a través del Protocolo de Río de Janeiro, que aseguraba relaciones pacíficas entre esos dos países desde 1942.

La venta ilegal de 6500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia, incluyó la voladura de la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), con la presunta intención de borrar pruebas importantes para la causa.

La voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero –en donde el material bélico a ser contrabandeado era reacondicionado- se produjo mientras la causa daba sus primeros pasos en la justicia.

Las explosiones destruyeron la ciudad, provocaron la muerte de siete personas y hubo más de 300 heridos, además de decenas de casas dañadas.

La investigación avanzó y llevó a la prisión a Menem durante cinco meses –entre julio y diciembre de 2001- hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que no estaba probada la asociación ilícita.

Fuente: Télam