El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, recomendó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que suspenda la aplicación del Decreto 432/97 y revea los procedimientos aplicados a las pensiones no contributivas. Pide que se le otorgue al beneficiario la posibilidad de un descargo administrativo y además solicita que se reincorpore a las personas dadas de baja.
En relación a esta problemática, el ombudsman expresó su «indignación y repudio a una acción más del gobierno nacional que quita derechos al pueblo del Chaco”. «Es inaudito que las personas sean excluidas de sus pensiones no contributivas sin mediar un aviso previo o una posibilidad de aclarar la situación”, remarcó preocupado.
Corregido pide también que cada caso sea evaluado en particular y que se aplique un procedimiento exhaustivo antes de decidir la baja de una pensión no contributiva. También recomienda reincorporar a aquellas personas que han sido excluidas del beneficio y solicita que cada beneficiario acceda al derecho a un descargo administrativo. Si finalmente se corrobora que corresponde la baja, indica que primero se debe notificar al ciudadano que percibe el beneficio y recién ahí generar el retiro definitivo. Sin embargo resalta que hasta que un procedimiento adecuado no sea implementado, se debe suspender la aplicación del decreto mencionado.
Para estos casos actualmente la Defensoría del Pueblo se ocupa de responder las consultas e investigar la normativa aplicable a los distintos casos, analizando las leyes y modificaciones por las que se rigen las pensiones. «Son muchas las familias que se vieron fuertemente perjudicadas en sus economías y en sus consumos diarios con la quita de la pensión que se realizó con un simple entrecruzamiento de datos y sin un análisis profundo de las necesidades y realidades de cada una de ellas”, explicó
Corregido resalta que de acuerdo a tratados firmados con las Naciones Unidas, Argentina está comprometida a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad. «Quitar estas pensiones implica privarlas del derecho a la salud y a una vida digna porque sus gastos se incrementan de una manera insostenible”, mencionó.
Finalmente el defensor remarcó que «el Estado argentino no debe olvidar que ademas está obligado por la Constitución a garantizar medidas positivas para las personas con discapacidad, niños, mujeres y ancianos y por ello es urgente que de marcha atrás con la aplicación de este decreto”.
