La Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) es, además de una reunión política regional, una plataforma para reivindicaciones de colectivos civiles, como la red latinoamericana de defensa de los niños que en esta ocasión ha querido llamar la atención sobre el incremento en la violencia contra los menores que se viene produciendo en América Latina.
Las violaciones en particular gozan de gran impunidad en Centroamérica. Un 90% de estos casos de El Salvador acaban sin condena, hasta un 96% en México. Son cifras que no sorprenden al secretario ejecutivo de la red, REDLAMYC, Juan Martín Pérez García: «Hay varias explicaciones: una es que los menores siguen siendo considerados como propiedad de las familias, entonces el Estado considera que lo que le pase a un niño es responsabilidad de las familias y no suya. Esto es un error. El incremento de casos de violación o de desaparición siempre se achaca a la menor o a su familia: ‘¿Por qué no la cuidó? ¿Por qué la dejó salir con minifalda?’ El Estado no asume que cualquier persona debe ser protegida de cualquier situación de riesgo.»
En los casos de violación además se llega a imponer una doble pena: la del matrimonio forzado entre el violador y la víctima. «Hay dos estados mexicanos que lo hacen,» dice Juan Martín Pérez García, «Sonora y Durango. Si la persona que viola se casa con la niña, no va a la cárcel. Se le entrega al violador, juridicamente protegido ahora, la niña.»
Para que las cosas cambien, tendrían que cambiar las políticas públicas, pero según Juan Martín Pérez García, esa voluntad no existe. «El gran desafío es la cultura machista que permea a todas las instituciones que están mayoritariamente dirigidas por hombres o por mujeres que perpetúan el modelo existente.»
Radio Francia Internacional.
