El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, valoró el trabajo realizado para que los usuarios chaqueños dejen de pagar aumentos inconstitucionales en las tarifas de energía. La institución se consolidó como el único organismo que puso un freno al tarifazo a través del trabajo pormenorizado del equipo profesional que la conforma. Los usuarios de Secheep percibirán las tarifas retrotraídas a precios del año pasado que figurarán en las próximas facturas en forma de créditos.
Corregido explicó que finalmente y a través de la audiencia conciliatoria que impulsó la jueza federal, Zunilda Niremperger, se pudo acordar la correcta forma administrativa para que los usuarios perciban la tarifa al precio de Enero de 2016, según lo establece la resolución de la cautelar emitida por la Justicia.
Destacó además que los usuarios no deben realizar ningún tipo de trámite para percibir las notas de crédito. Es automático y figurará discriminado en la factura pero no se percibirá en forma de dinero, sino como crédito.
El defensor se mostró satisfecho con la utilidad de la audiencia conciliatoria para poder brindar una respuesta a los usuarios chaqueños y para destrabar un conflicto en el que hubo declaraciones controversiales.
También anunció que la medida cautelar que ordenó retrotraer las tarifas quedó firme el viernes a raíz de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia denegó al Ministerio de Energía la apelación que interpuso. Con esta confirmación, se ratifica la necesidad de llamar a audiencia pública previo a cualquier modificación tarifaria.
La responsabilidad de la Nación
La continuidad de la causa y la vía judicial que seguirá el amparo es también una preocupación para el defensor: “Espero que los funcionarios nacionales tengan la sensibilidad suficiente para comprender que estas tarifas el Pueblo chaqueño no las puede pagar”, indicó.
En ese contexto, Corregido señaló que estas situaciones derivan de “un problema político”: “Los funcionarios nacionales nos están quitando los subsidios, sumergiendo al Chaco en la pobreza. Es su responsabilidad como representantes cesar en esta política energética actual que no tiene nada que ver con los intereses de la comunidad porque la privan de ejercer el derecho de acceder a la energía eléctrica”.
