El parlamento chaqueño sancionó con fuerza de ley Nº 2644-F, con 29 votos afirmativos en general, la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en el marco del decreto Nº 1101/17, ley provincial 1792-I (antes ley 6466) y la ley nacional 26.509, para los departamentos San Fernando, Tapenagá, Libertad, General Donovan, 1º de Mayo, Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Sargento Cabral, Bermejo y Libertador General San Martín, a partir del 15 de mayo de 2017 y por el término de 180 días.
La norma además dispone eximir del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al año 2017, a los contribuyentes con predios rurales de hasta 800 hectáreas ubicados en los departamentos mencionados y que obtuvieron el certificado de Emergencia correspondiente. Para su cumplimiento la Administración Tributaria Provincial queda facultada a reglamentar el artículo de esta ley.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Beatriz Bogado, fue la encargada de fundamentar el despacho, y señaló «esta iniciativa propicia la exención en el Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al año 2.017, para los productores con predios rurales de hasta 800 hectáreas, ubicados en los Departamentos de la Provincia que fueran declarados en Emergencia o Desastre Agropecuario, según el Decreto Nº 1.101/17. Estos contribuyentes que serán alcanzados con la eximición de obligaciones son los que ya obtuvieron su respectivo certificado de Emergencia».
Agregó que «este Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo forma parte del compromiso asumido por el gobernador Domingo Peppo, cuyo segundo componente es la condonación de deudas con el Estado anteriores al 2013 y la refinanciación de las posteriores a esa fecha, como respuesta integral del Estado chaqueño hacia este sector del quehacer provincial».
En ese sentido, la diputada recordó que «toda la región sufrió las inclemencias climáticas agravadas durante los meses de marzo, abril y mayo de este año. Ante las consecuencias que todos pudimos observar a simple vista, el gobernador Domingo Peppo firmó el Decreto Nº 1.101/17, En él se declaró la Emergencia o Desastre Agropecuario en los Departamentos San Fernando, Tapenagá, Libertad, General Donovan, 1º de Mayo, Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Sargento Cabral, Bermejo y Libertador Gral. San Martín».
«La medida de exención impositiva que se propicia busca brindar un alivio a los productores que han visto comprometida su producción o su capacidad de producción, por los mencionados excesos hídricos. Se trata de una iniciativa excepcional, por cuanto los beneficios impositivos previstos en las leyes de emergencia alcanzan solamente a disponer diferimientos en los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural, por 180 días» manifestó.
«Sin embargo -explicó- la gravedad del cuadro climático y sus consecuencias, hace indispensable una mirada desde el Estado que ponga a salvo a los productores chaqueños afectados directamente. En la presentación del proyecto de Ley por parte del Poder Ejecutivo se considera insuficiente que sólo se otorgue un diferimiento, lo cual fue compartido en el análisis de la Comisión de Hacienda y presupuesto, y por esta razón es que se propone como medida excepcional y extraordinaria, la exención en el impuesto del año 2017».
El legislador Roy Nikisch desde el interbloque Cambiemos declaró «vamos a acompañar este proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo, acompañando una situación de emergencia de muchos productores en los departamentos mencionados».
«Pero esta decisión que estamos tomando tiene un impacto en los consorcios productivos de servicios rurales, contemplados en la ley 6547 que establece fondos específicos que hacen a su desarrollo productivo a través de asociaciones; el monto tiene techo pero no piso, lo cual si detraemos recursos lo que estamos definiendo con esta ley que los consorcios van a tener menores ingresos».
Ejemplificando en este sentido que «si lo que tienen que pagar los productores son 4 millones de impuesto, 3 millones se dejan de aportar a los consorcios para su reparto, el 75 por ciento de los impuestos vuelve a la gente de campo a través de esta ley, y en este sentido es desfinanciar a los consorcios que muchos de los asociados están en estos departamentos, por lo que va a impactar en forma negativa».
Proponiendo una modificación a la iniciativa «para que los fondos que en la práctica van a dejar de percibir los consorcios, al no recaudarse los impuestos, sean compensados con la caja de la provincia» y para ello formuló un nuevo artículo adicional determinando que sería la Administración Tributaria de la provincia (ATP) la que establecerá el monto total y que sería el Ministerio de Economía quien reasignará el 75 por ciento de ese monto y lo transferirá al fondo específico, dando cumplimiento a dicha ley.
«Desde el interbloque Cambiemos -planteó- sugerimos que esta ley no perjudique directamente a los consorcistas beneficiados por la ley».
El diputado Hugo Sager señaló «entendemos el espíritu del planteo pero también es cierto que el Gobierno Provincial ha claramente definido y puesto a disposición todo lo necesario desde la dirección de vialidad por un lado para arreglar los caminos deteriorados e intransitables en algunos casos, y por otro lado nuestro a través del ministerio de infraestructura se ha establecido con los municipios una ayuda especial; de manera tal que esa compensación se hará con obras, aliviando a los consorcios de esa responsabilidad de dejar transitables los caminos y laborables las tierras».
Fundamentando la exención impositiva inmobiliaria rural, el legislador Daniel Trabalón, expresó su acompañamiento desde el bloque que representa en la legislatura, recordando que «el día martes cuando se realizaba la comisión de Labor Parlamentaria, recibíamos en la comisión de Agricultura a representantes agrarios de la provincia, y entre los temas que se plantearon, uno tiene que ver con la situación que atraviesa el sector productivo por las lluvias, oportunidad en la que tuvo tratamiento y análisis el proyecto girado por el Ejecutivo y se habló del impacto que tendría ya que beneficia a los productores de 800 hectáreas aproximadamente, eliminando el impuesto inmobiliario rural».
El análisis giro en torno a la situación de que «desde los consorcios rurales, no perciban los fondos, producto de lo que la ley establece» recordando que «hace tiempo desde la comisión se recibió a integrantes de los consorcios quienes nos planteaban sus dificultades como la falta de recursos no enviados por el ejecutivo provincial»
«Entendemos esta medida y su necesidad, pero vemos con preocupación que esto desfinanciaría a los consorcios rurales, por lo que escuchamos en la comisión distintos sectores de los consorcios nos plantearon dificultades este desfinanciamiento» aportó Trabalón.
«Acompañamos esta decisión, pero es una prioridad que se considere un artículo en el que se destinen fondos para que lo que los consorcios rurales que no los perciban, lo reciban por parte del gobierno a través de otros mecanismos» propuso Trabalón.
El diputado de Libres del Sur, Carlos Martínez, compartió la iniciativa y adelantó el respaldo a la moción del diputado Nikisch.
El legislador Orlando Charole mencionó «estuve hablando con Nikisch previo a la sesión y la preocupación del legislador se centra en una argumentación fidedigna establecido en el artículo 9 de la ley de consorcios rurales, ya que está pautado el porcentaje para la problemática de los pequeños productores».
«Compartimos que es una medida del Ejecutivo debido a la emergencia, pero la preocupación del legislador que acompaño es que va a haber un vacío al no contar con esa recaudación y parte de estos fondos va a la atención de los consorcios rurales, por lo que habría que hacer una nueva redacción o incorporar lo que sugiere Nikisch para evitar un vacío importante» describió Charole respecto de las objeciones a la propuesta girada por el Ejecutivo.
La iniciativa fue aprobada en forma unánime en general, mientras que en particular, la modificación propuesta por el diputado Nikisch fue acompañada por el Interbloque Cambiemos, Libres del Sur y Frente Grande, contra los votos del oficialismo por el despacho propuesto por Bogado, que fue la moción aprobada.
