Ana Hupaluk, presidente de la Asociación de Productores Forestales, fue investigada producto de que irregularmente se le adjudicó en venta 4780 hectáreas de tierras públicas.
La investigación fue realizada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), que el pasado 25 de abril se pronunció dictando la Resolución 2071, en la que describió las múltiples irregularidades que se produjeron en Colonización durante la etapa en que John París se desempeño como presidente.
Hupaluk solicitó la compra de las Parcelas 215 y 216 de la circunscripción V, zona D del Departamento Almirante Brown. La nombrada declaró que desde julio de 2012 era residente en la tierra fiscal que quería comprar. Agregó que en mayo de 2013 celebró con el señor Buisedera un contrato de cesión de mejoras y derechos hereditarios a través del cual éste último le vendió los derechos de adjudicación en venta que le había otorgado el Instituto de Colonización, como también las mejoras existentes en el lugar (casa, pozo, aljibe, corral, bebederos, 18 hornos de carbón y alambrados perimetrales). Colonización había dejado sin efecto la adjudicación en venta de las tierras fiscales que con anterioridad dispuso a favor de Adle, por lo que la FIA resolvió que no tenía validez la cesión de Buisadera a Hupaluk.
La FIA señaló el amplio menú de irregularidades cometidas en el expediente llevado por Colonización, poniendo en evidencia la ilegalidad de la venta de 4780 hectáreas entregadas a Hupaluk. Uno de los testigos, señaló “Quisiera que me aclaren un poco esto porque es un brillante negocio comprar tierra fiscal barata, venderla y después de nuevo abrirle la posibilidad de que adquiera tierra fiscal…”.
Hupaluk ya se había beneficiado antes comprando tierras públicas que luego donó a su hija, para después volver a solicitar nuevas tierras fiscales. Una verdadera calesita de negocios, a precios promocionales, sabiéndose que lo que cobra Colonización es menos del 20% del precio que abonan los compradores en el mercado inmobiliario rural, en el que están vigentes las leyes del mercado.
Venta ilegal según la FIA
La FIA omitió tener en cuenta y resolver sobre la documentación esencial que no presentó la aspirante, no obstante lo cual legalmente enmarcó el caso como irregular por la ineficacia de la cesión precedente, de Buisadera a Hupaluk porque el adjudicatario inicial del predio fue la familia Adle, a quién se le rescindió la adjudicación. Luego apareció Buisadera, quién irregularmente vendió las mejoras a Hupaluk. En definitiva, los hechos marcan operaciones prohibidas por la Ley de Tierras Públicas, que sanciona estos casos con la rescisión de la adjudicación y la recuperación de la tierra a favor de Colonización. Esto no solo que no ocurrió, sino que se le vendió a Hupaluk un predio fiscal de gran superficie a precio prácticamente simbólico si lo confrontamos con los que están vigentes en el mercado inmobiliario rural, en el que los campos cada vez tienen mejores precios producto de que los mega-sojeros amplían en Chaco la frontera agrícola transgénica, de la mano de la soja.
La FIA consideró, conforme a las pruebas que había recogido, que la adjudicación en venta dispuesta por París a Hupaluk -efectuada por la Resolución 840/2014- no encuadraba en las normas legales, destacando que esta persona no vivía en el predio fiscal y que no desarrollaba ninguna actividad productiva, especialmente de ganadería, porque cuando se efectuó una inspección en el campo los vacunos no se encontraban en el lugar.
Funcionamiento anárquico y prebendario
La FIA señaló que “la gestión general tendiente al dictado de la Resolución de adjudicación en venta 840/2014 se habría encontrado teñida de vicios”. De esta manera ponía en evidencia la nulidad de la venta a Hupaluk, en un esquema administrativo diario en el que se habían detectado irregularidades en la confección de títulos de propiedad bajo el funcionamiento de un sistema informático no oficializado en el Departamento de Cuentas Corrientes y liquidaciones, a lo que se agregaban contrataciones directas de personas en contravención con las pautas legales y de empleados que realizaban comisiones de servicios de áreas ajenas a las inspecciones, con duplicación de funciones de cargos administrativos y ocultamiento de documentación apócrifa en Presidencia de Colonización que derivaron en el dictado de resoluciones de adjudicación en venta y títulos de propiedad que violaron el art. 71 de la ley 2913 en el marco de un funcionamiento totalmente irregular del Directorio de Colonización, en el que no se efectuaban reuniones formales con los vocales, lo que generó un escenario absolutamente desorganizado y caótico en la operatividad cotidiana del Instituto, quedando en evidencia que las resoluciones que debían ser dictadas por el Directorio, como cuerpo colegiado, solamente fueron firmadas por el expresidente John París.
París ordenó
En las conclusiones a las que llegó la FIA en la Resolución N° 2071/17 se describió que París continuó, en algunos casos, con la matriz aplicada durante las gestiones de los exgobernadores Rozas y Nikisch en lo relativo a posibles ventas fraudulentas de tierras fiscales en el Chaco.
A pesar de todas las irregularidades, comprobadas y muy notorias, en el expediente llevado por la FIA se acreditó que París ordenó que se realice la adjudicación a favor de Hupaluk. La encargada de confeccionar el proyecto de resolución fue la Dra. Ariela Cardozo, que también intervino en el caso del empresario Alberto Esteban Verra. La FIA concluyó que esta agente firmaba pases y confeccionaba resoluciones irregulares porque estaba en funciones el jefe del Departamento encargado de tal tarea, que no tuvo intervención en la venta a Hupaluk.
Centro de Estudios e Investigación Social Mandela.
