El Gobierno se comprometió ayer a restablecer las pensiones por invalidez suspendidas en «todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores» y negó que vaya a aplicar un recorte masivo. Así lo afirmó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, al advertir: «Es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar sin pensión, porque no es verdad».
La ministra del gabinete de Mauricio Macri respondió así las críticas de la oposición, incluidos gobiernos provinciales, que hasta anunciaron que presentarán recursos de amparo para evitar que se den de baja esos beneficios. Anteayer, el Gobierno había confirmado que se seguirán revisando las pensiones por invalidez, que en el país alcanzan a 1.061.265 personas y cuyo crecimiento más fuerte sucedió durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner.
«Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones y nosotros no vamos a convalidar las mafias. Por eso, hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos los meses para ver quién merece la pensión», añadió Stanley.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se había explicado, además, que el último cruce de bases de datos había identificado que 7000 titulares de ese beneficio habían muerto y que 5600 no tenían el grado de incapacidad que establece el decreto 432/97, que rige para este beneficio.
Ayer, los ministros de Desarrollo Social de las provincias del Noroeste tuvieron una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Si bien reclamaron la restitución de las pensiones, se pusieron a disposición para revisar los casos puntuales que no reúnan los requisitos o no tengan la documentación que se les exige para ese beneficio. Así lo informó, tras ese encuentro, la ministra riojana Griselda Herrera, quien prometió presentar hoy un recurso de amparo ante la Justicia.
La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) le pidió a Stanley un informe sobre las suspensiones de esos beneficios.
El tema llegó al Congreso nacional. El senador Julio Cobos (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno «arbitre en forma urgente los medios respectivos a los efectos de suspender la ejecución de bajas y/o suspensiones de esas pensiones». El diputado José Luis Gioja (PJ-San Juan) presentó un proyecto de resolución para manifestar el «repudio al recorte de pensiones asistenciales no contributivas». Y el diputado Sergio Massa (Frente Renovador-Buenos Aires) anunció que su agrupación decidió «armar un grupo de abogados» para presentarse ante la Justicia para proteger a la gente».
La Nación.
