Tras la designación del cuñado de Máximo como juez, ahora la gobernadora intenta ubicar a René Guadalupe Fernández, exasesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner.
Jubilados tomando la casa de la gobernación, clases que aún no arrancaron, cortes y protestas constantes, así, con la crisis institucional que vive la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo sigue avanzando con los nombramientos en la Justicia. Segun fuentes consultadas por Perfil.com califican como el “blindaje judicial K”, el oficialismo de la provincia de Santa Cruz apuesta a concretar la designación de René Guadalupe Fernández, ex asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner, como vocal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El pliego debería tener despacho de comisión para hoy pero, como constató extraoficialmente Perfil.com, un diputado oficialista, por ahora, mostró su postura en contra de Fernández, lo que ocasionó que se postergue el debate de su expediente junto con el de su ex esposo Eduardo Gabriel López y el de Sergio Sepúlveda Yáñez, también nominados al cargo.
“Las conductas desplegadas por René Guadalupe Fernández muestran abuso de autoridad y maltrato laboral e ignorancia supina del derecho”, denunció Francisco Gómez, Secretario General del Gremio de Judiciales, una de las instituciones que más se oponen al proceso. “Fue apoderada del FPV lo que demuestra su pertenencia al partido y su designación por ser funcional y por capacidad jurídica”, disparó.
Como si fuera poco, Guadalupe Fernández fue advertida, en el año 2014, por el mismo órgano judicial al que fue postulada por Alicia Kirchner debido a su mal desempeño y por los maltratos a personal.
Sin embargo, lo que más reprochan es la “morosidad ostensible de la que se la acusa”, es decir, retrasar el proceso de las causas judiciales por voluntad propia y no por una fuerza mayor. Según confirmó una voz cercana a la jueza, tenía, al momento del llamado de atención del TSJ 150 votos retrasados. Como prueba de esta acusación, diversos estudios de abogados hicieron llegar a este medio un listado de algunas causas que estaban bajo su órbita pero por miedo a represalias pidieron no difundir el texto.
“No tiene capacidad intelectual, no es idónea para ese cargo porque sus fallos demuestran un desconocimiento total de la Justicia y sus procesos”, aseguró el gremialista.
Bernardino Zaffrani, Vicepresidente del Colegio de Abogados de Río Gallegos, sostuvo “que todo esto forma parte de un blindaje judicial”, y que es “el fiel reflejo de cómo se hace carrera judicial en la provincia”. “Hay un listado, de más de treinta causas de particulares que están hasta tres años demoradas cuando es ella la primera que tiene que expedirse”, insiste.
Para aumentar la polémica, el nombramiento de Fernández se produjo después que Marcelo Bersanelli, cuñado de Máximo Kirchner, quedara a cargo el juzgado donde se encuentra la sucesión del ex Presidente. Cabe destacar que, por el momento, ella es la encargada de supervisar al cuñado de Kirchner.
“Esto viene del pensamiento de Carlos Zanini, quien definió al Poder Judicial como poder político. Para ellos no hay independencia que valga. Quieren controlar desde las cámaras hasta lo más alto. Es algo que hacen desde que llegaron al poder”, afirma Zaffrani.
Los Diputados oficialistas que integran la comisión encargada del tratamiento del pliego. Uno de ellos «negó cualquier irregularidad en el proceso y aseguro que aún no se han tratado los pliegos que ingresaron hace un mes».
Antecedentes. La posible futura vocal fue la segunda de Carlos Zanini en la Secretaria Legal y Técnica cuando Néstor Kirchner era gobernador en los 90’.
Entre otros puestos clave de la provincia, se desempeñó como jueza de Cámara. Desde ese cargo, fue, en lo que muchos consideran una demostración de lealtad hacia el matrimonio Kirchner y el Frente Para la Victoria, la encargada de revocar el fallo que declaraba inconstitucional la polémica Ley de Lemas.
Este último fallo, el cual se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser analizado, es otro de los argumentos utilizados por los detractores de Fernández a la hora de oponerse a la maniobra que quiere llevar a cabo el Gobierno.
Resulta que la Constitución provincial dice que el gobernador y su vice se eligen por voto directo. Sin embargo, los legisladores modificaron el texto e incluyeron en el mecanismo de lemas a las dos categorías por lo que se planteó la inconstitucionalidad. «Fernández, con su voto, avalo algo que es manifiestamente ilegal dado que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución», afirma Francisco Gómez, Secretario General del Gremio de Judiciales.
El reemplazo. Fernández, en caso de ser confirmada en su nuevo puesto, reemplazará a Clara Salazar (que se desempeñaba desde 1983), completando así los cinco integrantes del máximo tribunal provincial.
Perfil.
