Desde un helicóptero, un grupo de oficiales opositores atacó la Corte Suprema venezolana y luego del hecho se comunicaron desde la clandestinidad.
La crisis en Venezuela no parece tener fin y, ahora, tras los ataques de un grupo de militares rebeldes al Gobierno de Nicolás Maduro, Caracas permanece militarizada tras la sublevación que se llevó a cabo y en la que, desde un helicóptero, un grupo de policías dispararon contra el Tribunal Supremo de Justicia, que, comparado con Argentina, sería como la Corte Suprema nacional.
Según el gobierno, este conjunto de rebeldes comandados por el comisario Óscar Pérez, luego de robar un helicóptero, sobrevoló el centro de la capital de Venezuela y lanzaron disparos y dos granadas contra las sedes del palacio de Justicia y del Ministerio del Interior que tuvieron que ser evacuadas.
«Activé toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad. Vamos a capturar el helicóptero y a los que han realizado este ataque terrorista», sostuvo el presidente venezolano que, horas antes del ataque, había afirmado que está dispuesto a combatir en caso de una derrota revolucionaria.
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Los rebeldes que pertenecen a la Brigada de Operaciones Especiales del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), es decir a la policía científica.
El gobierno definió la acción del comisario Pérez y de los suyos como un acto subversivo. De hecho, desde la clandestinidad, el jefe de la banda grabó un vídeo en el que exigía el restablecimiento del orden constitucional: «Somos una coalición entre militares, policías y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal, no pertenecemos a tendencia política o partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas».
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