Lo hizo su titular, Manuel Cuevas, tras haberse denunciado la comercialización ilegal de lotes por personas supuestamente cercanas al candidato a Camau Espínola.
La situación de los ocupantes ilegales del asentamiento frente a las 550 viviendas del barrio Pirayuí II sigue estando sobre el tapete con una la trama que mezcla oportunismo político electoral, desidia por parte de los propietarios de los terrenos y el temor que les genera a los vecinos los constantes intentos de toma que tensan la situación con la policía y perturban la tranquilidad de la comunidad.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, condenó el hecho que se “utilicen a familias humildes, depositándolas en campos abiertos, sufriendo calor, frío, lluvias y mosquitos”, al referirse a esta problemática, donde se investiga si las usurpaciones “tienen injerencias políticas” como en 2013.
“Queremos saber si en estos nuevos casos hay operaciones similares”, dijo el funcionario respecto de la posibilidad de que las ocupaciones de lotes estén promovidas con fines electoralistas.
“En la campaña electoral de 2013 se descubrió que había injerencias políticas. Se encontraron en una biblioteca del Molina Punta varios planos para ir a usurpar distintas zonas de la ciudad. Por eso, cada vez que hay elecciones a gobernador se dan estas ocupaciones”, recordó Cuevas en declaraciones radiales.
“Todavía no tenemos elementos para pensar que ocurrió lo mismo. Todo está en proceso de investigación; sí me duele que utilicen a familias humildes depositándolas en campos abiertos, sufriendo calor, frío, lluvias, mosquitos, abandonadas”, comentó.
Los representantes de los vecinos afectados de las 550 viviendas se reunieron el martes con el ministro de Seguridad, Horacio Ortega, para poner de manifiesto que un supuesto puntero de Carlos Mauricio Camau Espínola estaría comercializando los terrenos dentro del predio, con la complicidad de un hombre dentro del asentamiento. Los precios rondarían entre los 5.000 y 6.000 pesos, y las ofertas se realizan a través de la red social Facebook.
Asimismo, los vecinos apuntaron contra los propietarios de esos terrenos, Urbano S. A., sobre quienes accionarían judicialmente ya que su despreocupación les genera daños y perjuicios a quienes viven en el barrio construido por el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).
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“La verdad es que la reunión con el ministro fue muy clarificadora. Ya que nos dimos cuenta de que el problema no tiene que ver con los encargados de la seguridad, que deben actuar en consecuencia, cada vez que se intenta tomar el predio. Acá hay un atraso de la Justicia y también una desidia por parte de los propietarios de los terrenos. Estamos asesorandonos para avanzar con una acción judicial por daños y perjuicios para los que vivimos en el barrio”, dijo uno de los vecinos al finalizar la reunión con Ortega.
Según Cuevas, ahora “hay familias que no son correntinas, y hay muchos casos de estafadores que venden estos terrenos”.
Hay personas que invocan el nombre del candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ), Carlos Mauricio Camau Espínola, como garantía para intentar evitar los desalojos. Como también indicaron que fue el propio senador nacional por Corrientes, quien los habría mandado a ocupar esos terrenos, con la promesa que les construiría la casa una vez que sea electo gobernador.
Las tomas no son nuevas. En 2012, cuando Espínola era intendente de la ciudad, se vivió un proceso sistemático de tomas de terrenos baldíos, donde ya se lo sindicaba a él y al kirchnerismo de estar detrás de esta acción ilegal. En ese momento se había allanado una delegación municipal que era manejado por los punteros del kirchnerismo y se encontraron elementos para cercar terrenos y herramientas para hacerlo de manera dinámica, como también banderas del movimiento de mujeres sin tierra que se manifestaban habitualmente en zona de casa de gobierno, lo que dio la pauta en ese momento de que las tomas eran digitadas y con el fin de alterar la paz social en un año electoral.
La República.
