El contador de familia Kirchner habría implementado según la Justicia una presunta maniobra para inyectar fondos en el patrimonio de los hijos presidenciales y burlar el embargo.
Víctor Alejandro Manzanares, el contador de los Kirchner, fue detenido en las últimas horas por el juez federal Claudio Bonadío por realizar un «bypass financiero». Con esta maniobra, inyectaba presuntamente fondos a Máximo y Florencia Kirchner mientras burlaba la medida judicial del embargo que pretendía que el dinero de los alquileres de una veintena de propiedades sea depositado en cuentas judiciales.
La detención de Manzanares es clave porque sería el cerebro de las operaciones financieras de los Kirchner. Junto con el escribano Leandro Albornoz, fue quien habría estado detrás de la construcción del entramado de sociedades de la familia y las transferencias de inmuebles y empresas.
A comienzos de este año, Bonadio designó una intervención judicial para que administre las sociedades de los Kirchner, los Sauces, pero también la sucesión de Néstor Kirchner compuesta aparentemente por unas 28 propiedades que están alquiladas, entre ellas 10 departamentos en Río Gallegos en la calle Mitre 535, otros inmuebles en la calle Oreke, otros en Alcorta 99 con un local, lotes de terreno y el hotel Las Dunas. Todos estos son los bienes del ex presidente, que no están incluidos en las firmas Los Sauces ni en Hotesur.
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Supuesto dueño de todos los secretos económicos de la familia Kirchner, Manzanares quedaría detenido un buen tiempo. Cuando concluyó la sucesión se dispuso la intervención judicial. Con esta medida, Bonadio designó una administradora de esos bienes para evitar que el dinero cayera en manos de los procesados, pero la encargada de hacerlo le advirtió al juez que no tenía nada que administrar porque no había bienes. Cristina Kirchner, según trascendió, cedió su parte (le correspondía un 50% de la sucesión) a sus hijos y éstos la vaciaron ya que anotaron todo a su nombre.
Sin embargo esto no es todo. Según consignó La Nación, con la ayuda de Manzanares, presunto arquitecto financiero, Máximo y Florencia crearon un condominio, se anotaron en la AFIP y tramitaron un número de CUIT gracias al cuál comenzaron a emitir facturas electrónicas por el alquiler de los departamentos y los locales.
Aunque no se sabe cuánta plata está en juego, por los departamentos se pagaba un alquiler de entre 6000 y 7000 pesos por mes, y por el local, unos 20.000 pesos.
Pero todavía había un problema. Como los inquilinos querían la certeza de que estaban pagando a los dueños de los inmuebles y por otro querían pagar de manera bancarizada porque en algunos casos eran sumas abultadas de dinero, según publica La Nación, Manzanares hizo que los inquilinos depositen el dinero en determinada cuenta del Banco de Galicia.
Esa cuenta pertenecía a Sancho Sanfelice, socio de Máximo. Con esto Bonadío entendió que había dos problemas y por eso pidió la prisión preventiva del contador: primero con la constitución del condominio y luego con el pago en las cuentas de Sancho.
Perfil.
