El registro de violadores es un hecho. Después de cuatro años de aprobarse la ley, el martes pasado se reglamentó la normativa que permitirá contar con un banco genético de abusadores sexuales a nivel nacional para ayudar a esclarecer hechos cuando se trate de un reincidente e identificar a los condenados por estos casos. Para trabajar en una adecuada reinserción social, existe una cárcel federal que sólo aloja violadores y cuenta con planes para evitar que vuelvan a cometer ese delito.
Pero en un informe realizado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) se advierte que el 70% de las personas detenidas por delitos contra la integridad sexual no participan de los programas específicos para violadores que otorga el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Sebastián Wagner confesó haber abusado de Micaela García y haberla matado. Pero no había sido la primera vez, hacía pocos meses le habían otorgado la libertad condicional ya que cumplía condena por otras dos violaciones. Por eso el crimen de Micaela en Gualeguay renovó el debate sobre la reincidencia de los violadores y revivió el pedido de la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, ahora en menos de dos meses debería comenzar la recolección de las muestras entre un universo de 20 mil condenados desde 2002.
En la Unidad Federal Nº 9 de Neuquén funciona desde 2015 el “Programa de Tratamiento de Ofensores Sexuales” (P.O.S.) que vino a reemplazar otros que funcionaban desde 2007. El plan se desarrolla sólo en la unidad penitenciaria de Senillosa. Y las otras unidades donde se alojan los condenados por delitos contra la integridad sexual funcionan como centros de pre-admisión para luego ser reincorporados al P.O.S. Una vez que culminan con el programa, que tiene una duración aproximada de 30 meses, pueden regresar a las unidades de detención de origen.
La cárcel para violadores está completa en su capacidad máxima. Pero lo llamativo es que según el relevamiento que hizo personal de la Unidad Fiscal solo el 29% de los condenados se incorporó al programa que entre otras actividades tiene talleres de control de la ira, actividades para modificar las conductas y pensamientos desadaptativos y talleres de sensibilización de la conducta con temáticas orientadas al aprendizaje social.
El informe explica que desde 2007 el SPF “ha venido implementando una serie de programas específicos orientados al abordaje de personas condenadas por estos delitos”.
“Del total de ofensores condenados, sólo el 29% se encuentra actualmente incorporado al Programa de Ofensores Sexuales (85 personas), permaneciendo un 4% en la etapa de Pre-admisión (12 personas) y el restante 67% sin tratamiento vinculado con esta problemática específica (196 personas)”, se detalla en el relevamiento de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal a cargo de los fiscales Guillermina García Padín y Diego García Yomha, se encarga del seguimiento de causas, acusados y ejecución de la pena dictado por todos los fueros penales de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el informe presentado en junio pasado, del total de los condenados sobre los que tienen injerencia (2.924) el 10% son abusadores sexuales. Y se reduce a un 5% de los seguidos por penas en suspenso (menos de tres años de condena) de un total de 3.867.
El 60% de las violaciones fueron cometidas por un desconocido y la mayoría de los casos ocurrieron en la vía pública. El trabajo ha sido desarrollado con datos emergentes de relevamientos propios a través de la intervención directa en los casos sometidos a la jurisdicción de la Justicia Nacional de Ejecución Penal, de controles periódicos tanto de las condiciones de detención de los condenados como del tratamiento penitenciario asignado.
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