La medida de fuerza comenzó la semana pasada con 200 internos de la Unidad 1 en el Penal de Villa Urquiza, pero las acciones consiguieron más adeptos el fin de semana cuando se sumaron otros 200 presos de la Unidad 2 y hoy el número llegó a 500 manifestantes tras el acompañamiento de 100 reos de distintas unidades.
La medida fue iniciada la semana pasada por 200 detenidos de la Unidad 1, a quienes el sábado se sumaron otros 200 presos procesados que están alojados en la Unidad 2. En tanto, ayer decidieron comenzar con la protesta más de un centenar de internos de otros sectores -que no tienen ese tipo de beneficio-, en solidaridad.
Así lo confirmó hoy a LA NACION el director del Sistema Penitenciario provincial, Guillermo Snaider, quien aseguró que «la protesta, que hasta ahora es llevada adelante por unos 523 internos, se realiza de manera pacífica, en normal convivencia y en un marco de respeto, por lo que la situación está controlada». Además, dijo que «se activaron distintos protocolos preventivos, con un monitoreo constante por parte del servicio médico, para resguardar la salud de los internos que se niegan a recibir alimentos desde hace días».
Los reclamos
El funcionario dijo que los reclusos «exigen la aceleración de los trámites para la obtención de distintos beneficios, como las salidas transitorias, que están contempladas por la ley 24.660, sobre la ejecución de las penas, y cuya finalidad es la reinserción lenta y progresiva de los presos en su seno familiar y en la sociedad».
Explicó que los expedientes relacionados con esos permisos «se inician con una serie de informes y estudios que se realizan en el Sistema Penitenciario, con una evaluación a través de un equipo interdisciplinario que se encarga de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para el otorgamiento de los beneficios».
Snaider dijo que «luego, esa evaluación, que puede ser favorable o desfavorable, de acuerdo al resultado que arrojen los informes sobre cada caso, es elevada al Juzgado de Ejecución, que es el que en definitiva debe autorizar o rechazar las salidas transitorias». En este punto, el responsable del Sistema Penitenciario en Tucumán indicó que «los internos hoy no están recibiendo los informes, ya sean positivos o negativos, por parte del Juzgado de Ejecución (que está a cargo de Roberto Guyot), y ese es uno de los reclamos».
Y agregó que «el otro motivo de la protesta es el hecho de que el Juzgado puso un nuevo requisito, que no está contemplado expresamente en la ley, y que son los análisis de orina para constatar si consumieron drogas y, los que en caso de dar positivo, determinan el rechazo de los permisos».
Según Snaider «los internos consideran que este nuevo requisito es ilegal y dicen que están dispuestos a realizarse tratamientos para tratar las adicciones, pero que eso no puede ser motivo para que les nieguen los permisos de salida».
Consultado sobre la gravedad del problema de las adicciones a las drogas dentro del sistema carcelario provincial, el funcionario dijo que «en muchos casos estas personas consumen drogas antes de ser detenidas y las mismas quedan durante mucho tiempo en el organismo». De todos modos, reconoció que «sería hipócrita negar que ingresan sustancias prohibidas a los penales, que es algo que sucede en todo el mundo y Tucumán no es la excepción, por lo que se ha decidido darle una lucha frontal al tráfico, con fuertes controles entre los internos, el personal y las visitas».
Snaider informó que «por decisión de los presos, se elevó un pedido de habeas corpus a la Corte Suprema de la provincia para que tome cartas en el asunto, por lo que están a la espera de una respuesta para ver si siguen o no con la protesta».
