El diputado provincial del Partido Justicialista, e integrante de la Sala Acusadora de Juicio Político de la Legislatura, Ricardo Sánchez valió las acciones llevadas adelante en el marco del proceso de jury de enjuiciamiento que lleva adelante el Parlamento contra la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Luisa Lucas, y advirtió que la estrategia es sacarle a la Cámara este proceso para llevarlo a la Justicia donde la acusada es jefa.
“Llama la atención que un juez pueda interpretar tan retorcidamente la Constitución», analizó el diputado saenzpeñense al referirse a la decisión del titular de Juzgado Civil Nº 23 de Resistencia, Fernando Lavenás, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Lucas con el argumento de que “aguardar a que la Cámara se digne a dictar resolución o dictamen definitivo podría llevar años, con el daño psicológico que eso acarrearía”.
El legislador admitió que «tenemos que acatar el fallo” aunque anticipó que procesalmente deba ser apelado. “En principio el juicio político va a quedar suspendido por esta medida cautelar, y la doctora Lucas va a tener un tiempo más para estar tranquila y esperar la nueva conformación legislativa u otras condiciones favorables».
En ese contexto, el legislador detalló que “esta decisión de juez se basa en el plazo de 90 días que establece el artículo 124 de la Constitución, pero he revisado los archivos del debate parlamentario sobre el artículo y en éste se hace referencia a las prórrogas”, dijo y apuntó que si bien “el principio general es que el dictamen tiene que estar en 90 días, los constituyentes de 1994 establecieron la posibilidad de prorrogar los plazos con la mayoría, no solo de la Sala Acusadora, sino de todo el Cuerpo Legislativo, que es lo que ocurrió en este caso”.
Para Sánchez, está claro que «la estrategia era llenarnos de escritos, que fueron llegando semana a semana, para demorar el proceso». “De esta manera, se buscó sacarle a la Cámara de Diputados este juicio político, que es el ámbito natural donde debe discutirse y llevarlo a un terreno donde María Luisa Lucas es jefa, que es la Justicia”.
La causa
El legislador recordó que el inicio del juicio tiene que ver con la Acordada del año 1991, del Superior Tribunal de Justicia, por la cual, Lucas y otros jueces de la Corte chaqueña se otorgaron un aumento de sueldo, violando la ley de enganche, y motivando un reclamo que le ha costado al Estado millones de pesos.
«Lo curioso de esto es que Lavenás hace lugar a un amparo planteando el daño patrimonial y el daño psicológico de Lucas, y nosotros nos preguntamos quién se acuerda del daño patrimonial que le causó al Estado aquella Acordada firmada por María Luisa Lucas», planteó.
En ese sentido, el legislador detalló que para afrontar los juicios iniciados por los empleados y funcionarios judiciales, el Estado debió tomar deuda colocando títulos en el exterior. «Llama la atención que se hable de daño patrimonial, cuando ella sigue cobrando su sueldo, y que nadie repare en el daño patrimonial que le generó al Estado el pago de estos juicios; y lo más lamentable es que hay un juez que interrumpe un proceso de otro Poder del Estado que estaba llevando puntual e impecablemente el juicio».
Respecto de la continuidad del proceso, Sánchez explicó que la eventual apelación es responsabilidad de la Presidencia de la Cámara de Diputados, que hoy detenta Èlida Cuesta. «Seguramente le voy a sugerir que se apele este fallo porque me parece una barbaridad que se suspenda el proceso por un supuesto daño psicológico y patrimonial, que tampoco se cuantifica», analizó y añadió: «Dada la vinculación de Lavenás con la Asociación de Magistrados, que diariamente emite comunicados en contra del Gobierno por la situación salarial de los jueces, queda la impresión de que no sólo hubo razones jurídicas para este fallo sino también algún hecho político, aunque este obviamente no se puede probar», aseveró.
