Los tres abogados del diputado Julio De Vido renunciaron este jueves la defensa en todas las causas en las que se encuentra involucrado su cliente en relación con su gestión como ministro de Planificación Federal, entre 2003 y 2015.
La decisión se conoció a falta de una semana para que De Vido sea sometido a juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia de Once, como se conoce al caso del choque de un tren del ferrocarril Sarmiento al final del andén 2 de la terminal, que provocó 51 muertos y centenares de heridos en febrero de 2012.
Los abogados Adrián Maloeny, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni presentaron escritos en los juzgados que tramitan causas contra De Vido en los que sostuvieron que la decisión fue tomada de común acuerdo con el ex ministro. «Los motivos son claros: nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de defenderse», sostuvieron en el escrito que presentaron para renunciar a su defensa en el juicio de Once.
«Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen», sostuvieron.
«Las instancias del proceso que está llevando a De Vido a juicio oral vulneran todos los mandatos constitucionales que regulan el derecho penal y el derecho a la defensa en juicio», agregaron.
«El desarrollo del proceso se reduce a un ritualismo vacío que tiene por objetivo solo la condena de Julio de Vido», sostuvieron los letrados en el mismo escrito que, con algunas diferencias, presentaron ante distintos juzgados y tribunales.
Para evitar demoras en el inicio del juicio oral contra De Vido por Once, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le dieron 72 horas para designar nuevos defensores y le advirtieron que de no hacerlo le asignarán un defensor oficial, según informaron fuentes judiciales.
De Vido también afronta denuncias penales por la importación de trenes en mal estado, por irregularidades en la compra de gas licuado y en el otorgamiento de subsidios al transporte público, entre otras causas que se tramitan en el fuero federal.
El miércoles próximo está previsto que comience el juicio oral por la presunta responsabilidad del ex ministro en la tragedia de Once, caso en el que intervendrá el TOF 4 compuesto por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.
En tanto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció este jueves que pidió sanciones contra los abogados del ex ministro kirchnerista por su renuncia «sin razones atendibles para demorar el inicio del juicio» por la tragedia de Once, mientras reclamó la «intervención de la Defensora Oficial, Paola Bigliani».
A través de su cuenta oficial de Twitter, Alonso pidió que «se sancione a los abogados de De Vido que renunciaron sin razones atendibles para demorar el inicio del juicio», basándose en el artículo 113 del Código Procesal Penal.
«Acabamos de pedir se dé intervención a la Defensora Oficial Paola Bigliani, que ya interviene en la causa de Once», añadió.
Alonso recordó que «el mismo Tribunal Oral acaba de anunciar que el juicio contra el imputado De Vido por la tragedia de Once comienza el 27 de septiembre».
• Detención
En tanto, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la decisión del juez federal Luis Rodríguez de no solicitar la detención del ex ministro, en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
La apelación, junto con otras planteadas por las defensas de los imputados en el caso, será tratada el 3 de octubre en una audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña. El fiscal, que ya había solicitado la detención de De Vido a principios de julio, insistió en que, por la «gravedad del hecho» investigado y su trascendencia pública, debería ser detenido en prisión preventiva.
Stornelli solicitaba la detención para evitar que se conforme «una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias», según consta en el expediente. Como el exfuncionario es en la actualidad diputado nacional, si algún juez hiciera lugar a la solicitud del fiscal, debería reclamar el desafuero a la cámara baja del Congreso antes de ordenar un eventual arresto.
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