Miles de personas votarán mañana para separse del país europeo, algo que el gobierno español considera ilegal. Hubo protestas en contra del referéndum en Madrid y pedidos de prisión para el presidente catalán Carles Puigdemont.
El independentismo lleva semanas preparando el día después del referéndum sin admitir, al menos en público, ningún escenario que no sea el de que hoy se pueda votar con cierta normalidad. La previsión ideal de los partidos que forman el Gobierno catalán es que, en aplicación de la suspendida ley del referéndum, se utilice el resultado de las urnas —nadie duda de la victoria del sí— para declarar la independencia en un plazo de 48 horas tras la finalización del recuento. Sin embargo, las dudas acechan a amplios sectores del PDeCAT e incluso de ERC, que admiten que de nada serviría declarar la independencia si, como es previsible, ningún país extranjero reconoce al nuevo Estado.
El vértigo ante una decisión tan radical ha empujado los últimos días tanto a la extinta Convergència Democrática como al mismo presidente catalán, Carles Puigdemont, a frenar la idea de una declaración unilateral de independencia. “No va a haber una declaración unilateral de independencia como sustituto del referéndum” por muchas dificultades que haya durante la jornada electoral, aseguró Puigdemont el pasado viernes.
Sin embargo, hay que contextualizar estas palabras. Los partidos independentistas entienden por declaración unilateral proclamar la secesión al margen del referéndum, ya sea porque no se ha podido celebrar o porque no se han podido contar los votos. Insisten en que si hay votos “suficientes” —no aclaran cuántos— para dar por válido el resultado de hoy la declaración de independencia sí estaría legitimada.
La gran incógnita son los ritmos que manejan para hacerlo y si se atreverán a proclamarlo solemnemente en el Parlamento catalán. “Llegados a este punto ya no podemos dar marcha atrás”, explican fuentes gubernamentales que recuerdan, no solo la presión de las bases independentistas, sino también la situación legal de cada uno de los miembros del Gobierno catalán y de buena parte de los dirigentes del PDeCAT y de Esquerra Republicana. “Quedarnos en España ahora es sinónimo de ser inhabilitados, embargados y hasta acabar en la cárcel: es algo insostenible”, sostienen estas fuentes.
Con el referéndum descabezado logísticamente por las actuaciones judiciales y policiales de los últimos días la idea que gana peso en los corrillos del Gobierno catalán es intentar generar la idea de un “empate” en su pulso con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Que haya urnas, y no pocas, pero no las suficientes como para que los votos depositadas en ellas amparen la declaración de independencia. “Será muy difícil contar los votos, y tampoco será tan rápido como habríamos querido”, admiten fuentes conocedoras de la organización del referéndum.
Ante esta situación se abre el escenario de intentar una negociación política de urgencia para evitar un choque definitivo. Se trataría de dejar congelado el resultado de hoy, aunque sea de forma momentánea. Ayer Puigdemont insistió en pedir una “mediación” internacional en una entrevista en la agencia France Presse. “Creo que desde ahora sería lógico para la Unión Europea monitorizar activamente la situación en Cataluña”, añadió.
Por más que ningún organismo internacional haya querido prestar atención pública a la cuestión catalana, el diálogo con el Gobierno podría volver a asomar. Para intentar forzarlo el independentismo buscará mantener movilización en la calle. Todo para llamar la atención europea. Algunos dirigentes del Ejecutivo catalán incluso dan credibilidad a la apuesta por una gran huelga general, que hoy por hoy no secunda ningún sindicato de los mayoritarios. Esta idea, con grandes defensores en la CUP e incluso en ERC, no genera ningún entusiasmo en las filas del PDeCAT.
Con todo, abrir una vía de negociación urgente permitiría a Puigdemontcontener, al menos temporalmente, a quienes piden declarar ya la independencia y dar un margen para que se calmen los ánimos. La operación no garantizaría paralizar nada ni arreglaría la situación, pero daría un margen de tiempo para que los que no ven claro declarar la independencia sin un mandato electoral claro puedan actuar. El problema, admiten las fuertes consultadas, es que todos los puentes con el Gobierno central están dinamitados. Habrá que empezar desde cero.
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Fuente: El País.
