A raíz de denuncias mediáticas relacionadas a planes habitacionales, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) aclara que el organismo es el encargado de gestionar los diversos proyectos de viviendas que se ejecutan en todo el territorio provincial en terrenos que son propuestos tanto por municipios y entidades intermedias.
Anteriormente se articulaba junto a entidades intermedias -gremios, sindicatos, asociaciones civiles, entre otras- programas de urbanización en los espacios que esas organizaciones disponían y, luego IPDUV llevaba adelante proyectos en la búsqueda de financiamiento y la posterior ejecución de obras.
Desde marzo de este año el Gobierno Nacional modificó el régimen de los programas de viviendas con la entrada en vigencia de la Resolución 122 del Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas.
Dicha normativa pautó nuevas formas de trabajo y financiación, así sólo accederán a las viviendas sociales las familias que acrediten como máximo hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Las familias que ganen entre dos a cuatro salarios vitales deberán gestionar créditos hipotecarios, con tasas subsidiadas en las que el Estado aporta el 30 % del valor total de la obra y lo restante debe ser gestionado en el mercado y de créditos bancarios. Finalmente para las familias en las que el ingreso mensual superen los cuatro salarios vital y móvil deben acudir directamente a los bancos para acceder a créditos hipotecarios, sin subvención y con tasas vigentes al momento de la operatoria.
Entonces, los proyectos que se venían gestionando tienen continuidad. En el caso de los que se concretaban con las entidades intermedias, primero se constata que el terreno dispuesto sea apto y, previa presentación de lista de postulantes se evalúa cuáles son los que califican para el modo de financiamiento compartido entre el Estado y el sector financiero, de no mediar inconveniente se lleva adelante el proceso para la adjudicación del proyecto.
En el caso de las viviendas sociales, que generalmente se desarrollan en tierras que son propiedad del Estado, se construyen viviendas subsidiadas por Provincia y Nación. Para acceder a ese sistema, los adjudicatarios deben reunir todos los requisitos establecidos por IPDUV y sus ingresos no podrán superar la suma de dos sueldos mínimos.
Es importante remarcar que todos los procesos de aprobación del proyecto, como así también los adjudicatarios surgen de un trabajo conjunto entre el IPDUV y la Secretaría de Viviendas de la Nación a través de un sistema integral
A raíz de ello, los proyectos habitacionales presentados hasta marzo pasado ante el IPDUV fueron enviados a Nación para ser evaluados y readecuados en los estándares establecidos por la Resolución 122, todo esto consecuentemente fue notificado por el instituto a las empresas, gremios y entidades intermedias intervinientes.
Así el Instituto de Vivienda informa que gestiona los proyectos que le son formalmente presentados ante la Secretaria Nacional de Viviendas, entidad que se encarga de la aprobación definitiva. Asimismo, desde el organismo provincial se renueva el compromiso que cada familia chaqueña acceda a su casa propia y mejore su calidad de vida.
