En la mañana de hoy, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya encabezó una conferencia de prensa donde solicitó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160.
“De caerse, sufriremos como Nación, uno de las peores oprobios de esta época, que es ver a nuestros pueblos originarios sin la posibilidad de acceso libre y soberano, –como tiene que ser-, a la propiedad de sus tierras”, expresó.
«El miércoles está venciendo en el Senado de la Nación el plazo para su tratamiento. De ser así, se pondría en riesgo jurídico a todas las comunidades originarias que están en situación de conflicto, entre ellas, muchísimos litigios en la provincia del Chaco. Por ello, la Secretaría de Derechos Humanos, por medio del Dr. Julio García, ha interactuado con diputados y senadores nacionales y con representantes de diferentes etnias de la provincia, respecto de analizar el reclamo pertinente. Una nación que no respeta sus orígenes, ni la propiedad de sus pueblos originarios, muy poco destino le queda en seguridad y en avance en derechos humanos para todos sus habitantes» acotó Goya.
Historia de la Ley 26160
La Senadora María Inés Pilatti Vergara manifestó que “la ley 26160 tiene varios años de vigencia. Se sancionó en primer lugar para poder realizar un relevamiento de todas las tierras ocupadas por aborígenes a lo largo y a lo ancho del país. A los efectos de que, concluido este, cada estado provincial o estado nacional, esté en condiciones de escriturar esas extensiones de tierra a las comunidades aborígenes que correspondan. De ese análisis, solo se realizó el 40%, y vence a mediados de noviembre».
“Además del relevamiento, se suspendían los desalojos de las comunidades aborígenes ocupadas, lo que es muy importante, ya que hace unos 7 u 8 años en Santiago del Estero, un conflicto de tierras se llevó la vida de Cristian Ferreyra, un compañero que pacíficamente estaba viviendo en su tierra y quienes adquirieron no les importó que estuviesen habitando durante 80 o 100 años, y como no los podían desalojar porque la ley no lo permitía, no dudaron en matarlo”, expresó la senadora.
“Creemos que en el conflicto, hay intereses vigentes que se están dirimiendo y sobre todo en el sur de nuestro país, donde muchos extranjeros tienen posesiones allí y se llevan puestas las vidas de cuanto compañero indígena o criollo se ponga en el camino, y en este caso se suma la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Creemos que si esta ley no se ratifica en su vigencia, corre serio riesgo la paz social de la República Argentina. Imagínense que suceden estas cosas con la ley vigente, que pasaría si cae esta ley y los desalojos pueden ser llevados a cabo sin ningún tipo de impedimentos”, concluyó.
