El juez federal Claudio Bonadío citó a declaración indagatoria al intendente de Resistencia, por acciones de la gestión nacional cuando se encontraba al frente de la Jefatura de Gabinetes de la Nación. En tal sentido, Capitanich sostuvo que la acusación «es ilógica y absurda». También fueron citados Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.
El intendente afirmó que cuando fue jefe de Gabinete no manejó ni giró los fondos como se hace aparecer en el planteo judicial, y señaló que «hubo un trámite administrativo de medio año (el 2014) hasta las transferencias del Ministerio de Economía de la Nación de entonces; las primeras transferencias recién fueron en agosto/2014».
Así, sostuvo que «los fondos eran recursos de la Secretaría de Ambiente – Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales que se giraban directamente al Municipio».
“El recurso transferido ingresaba a las cuentas corrientes que informaba cada intendente y a cada localidad ingresó el recurso en forma directa, en con el cargo de rendición de cuentas futuras a la Nación”, mencionó el intendente.
Respecto a esto informó que cada municipio tuvo a su disposición no más de 3,5 o 4 millones de pesos cada uno, y a su vez debieron ejecutar las obras los intendentes o sus funcionarios, controlados a su vez por cada Concejo Deliberante, por el Tribunal de Cuentas, y en su caso por la Justicia de cada lugar.
Además, indicó que los municipios tenían el cargo de rendición de cuentas a la Secretaría de Ambiente, una vez finalizado el tiempo de convenio, como cualquier otro convenio.
El intendente sostuvo que al momento de ejercer el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable existía y existe un programa llamado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) que estaba o está a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales, una de las cuatro que tenía el organigrama de dicha Secretaria.
En el 2013 cuando Capitanich hizo asumir al ingeniero Omar Judis como secretario de Ambiente, éste a su vez nombró como subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales a Enrique Orban, quien tuvo a su cargo dicho programa.
El programa tenía algunos recursos, pero estos se fueron completando con el paso del tiempo, mientras se solicitaban desde distintas provincias y municipios, ya que el mismo era primordialmente municipal, ya que son los municipios los que cargan con el problema del residuo urbano.
Capitanich afirmó que «la gestión de los convenios hasta las transferencias llevo muchos meses».
Los convenios se fueron firmando entre los municipios y la Secretaría de Ambiente, y de a poco se generaron tandas a medida que los propios intendentes iban generando la gestión en Buenos Aires.
Cuando los convenios se firmaban, ya habían pasado controles e informes técnicos de las áreas administrativas y sobre todo técnicas de la Secretaría y los mismos Municipios informaban las cuentas de su comuna y cuando el Ministerio de Economía de la Nación disponía se transferían directamente al municipio los recursos para distintas tareas.
«Al contrario de lo que se dice, solamente unos pocos debían construir plantas de residuos:
De solo mirar los Anexos de los componentes de gastos de cada convenio marco Municipio-Secretaria de Ambiente, se podría aclarar todo. En dichos documentos se detalla que muy pocos municipios tenían que construir las plantas y es al revés de lo que se dijo. Esto es por el volumen de residuos de cada localidad (informes técnicos de GIRSU). Para eso existían los informes técnicos de las áreas de Ambiente, para determinar cuáles municipios debían tener planta de residuos y cuáles no».
“Es de toda lógica ya que no es lo mismo Sáenz Peña que Ciervo Petiso”, recalcó y agregó que todo está detallado en los anexos y que eso lo determinaban los técnicos. Ni Capitanich ni Judis, Ni Orban.
Por último, detalló además que los que sí debieron construir plantas, porque los Anexos de componentes de su convenio lo establecían, fueron Sáenz Peña, de gestión radical a cargo de Gerardo Cipolini, que recibió $8.000.000, más del doble que los Municipios Peronistas, y a las que fue una de las primeras a las que se les transfirió.
Corzuela; Taco Pozo; Sáenz Peña; San Martín; Isla del Cerrito, y algunos otros por ejemplo tenían en su Anexo el ítem “planta de tratamiento”, pero no así los demás.
