Charata: pidieron la detención de dos imputadas por el trágico aborto de la docente

Policiales

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, luego de la apelación del Fiscal de Cámara, lo que generó la nulidad de lo decidido por la jueza Andrea Sánchez y en consecuencia la enfermera y la doctora que hicieron la práctica deberán volver a quedar tras las rejas.

 

El caso

El 10 de mayo, la maestra Romero falleció en la vivienda de una médica de Charata. La mujer estaba embarazada de cinco meses, y murió desangrada. Desde ese momento, la médica estuvo en libertad. Pero el viernes, la causa dio un giro, tras el pedido de la familia de Romero de recusar al fiscal, quien se inhibió y por una resolución de la Procuración del Chaco, Paz quedó a cargo de la investigación.

 

El día después de la muerte de Romero, el abogado de la familia de la víctima, señalaba: “Los indicios llevan a determinar, fehacientemente que la muerte de la persona fue en el domicilio de la doctora, y se determinó la existencia de una habitación que estaba armada con mobiliario para la atención clandestina de personas, porque no es un consultorio, es una casa particular. También había instrumental quirúrgico en muy mal estado de conservación, herramientas herrumbradas que fueron secuestradas, y que fueron lavadas, ya que al momento del secuestro estaban húmedas, pero con restos biológicos

 

Esta situación se vuelve clave, para determinar la detención. El viernes, con el ingreso de Paz a la causa, la querella pidió se admitan cuatro testimoniales “que eran indispensables. Dos técnicas: una de un médico forense, y el perito Roque Cosme que actuó en la autopsia, y la de dos testigos que tenían conocimiento de la víctima, que son de Du Graty y que pudieron aportar datos al momento de su llegada a la vivienda de la doctora”, contó Marcelo Morales, abogado de los damnificados.

 

Morales señaló que la testimonial del perito fue clave para determinar que “se pudo comprobar, mediante las pericias que se lavó la escena del crimen, se lavaron instrumentos, y la locación. Esto va contra las garantías procesales, porque la persona está buscando ocultar evidencia a la justicia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Escalante