El gobierno nacional se reunirá el próximo 8 de noviembre con gobernadores de todas las provincias, donde tiene preparado un borrador de acuerdo que piensa discutir con gobernadores y legisladores y que tiene como objetivo de fondo reducir el déficit fiscal y ponerle freno al gasto público en las provincias.
Las ideas vertebrales de ese documento serían presentadas el lunes próximo, cuando Mauricio Macri reúna a funcionarios, legisladores, gobernadores, empresarios y sindicalistas, en el Centro Cultural Kirchner, para exponer el plan de reformas estructurales que quiere llevar a cabo en la segunda mitad de su mandato.
El proyecto sobre el gasto público de las provincias aspira a que las provincias tengan un margen de maniobra claramente definido en cualquier decisión que afecte a los gastos corrientes. Por ejemplo, la Nación quiere que haya un compromiso firmado de que no se incrementará la relación actual entre cantidad de empleados públicos y cantidad de habitantes de cada distrito.
Eso haría que la plantilla de personal estatal sólo pueda aumentar a la par de la evolución demográfica de cada provincia. Sólo aquellas jurisdicciones con superávit fiscal quedarían habilitadas a efectuar incorporaciones de agentes por encima de ese parámetro.
Límites
En cuanto a los gastos corrientes en general (el salarial es una parte de él), la idea de la administración macrista es que cada año no pueda aumentar más que el índice nacional de variación de precios al consumidor, una manera de lograr que la masa salarial de cada provincia crezca únicamente por mejoras de sueldos acordadas con los gremios (asimilándolas a los valores inflacionarios) y no por designaciones masivas de nuevos empleados.
El plan también apunta a mejorar los niveles de eficiencia en las recaudaciones tributarias y a limitar los niveles de endeudamiento de las jurisdicciones.
Quienes no cumplan con las pautas que se fijen, quedarán expuestos a sanciones como pérdidas de avales y de transferencias federales.
