Se escuchó en la Legislatura una acusación del diputado peronista Rubén Guillón, cuyas palabras tuvieron el brillo y las características propias de un chiste de mal gusto.
Dijo que en la actualidad en la Argentina se están usando “las mismas metodologías de los años 70”, las cuales consisten en “chupar dirigentes, reprimir salvajemente y hacerlos desaparecer a la mejor escuela de Jorge Rafael Videla”.
A ese mismo parlamentario se lo vio después acompañado del jefe comunal de su pueblo, Aldo Leiva, inaugurando el monolito recordatorio de una masacre de aborígenes que sólo existe en su imaginación y en la de algunos más.
Guillón es uno de los que creen, sin archivos que lo apoyen, de que en el entonces El Zapallar “acribillaron a aborígenes tobas y mocoví, que viniendo de Quitilipi intentaban conseguir un poco de alimentos, ropas y tierras”.
Así lo dijo, en la Legislatura
La matanza de la que habló, supuestamente perpetrada el 6 de septiembre de 1933, nunca ocurrió. Afortunadamente, en la localidad de General San Martín jamás sucedió nada que merezca figurar en la historia de la crueldad argentina.
Pero sí ocurrió en Rincón Bomba, Formosa. Aquí, centenares de indios pilagá fueron masacrados.
Tan repudiable como el episodio en sí mismo fue que esa matanza de aborígenes en la vecina provincia sucediera en tiempos de la “justicia social” peronista, y que la historiografía partidaria se encargara de taparla y ocultarla.
Esa masacre, de la cual se cumplen 70 años, empezó el 10 de octubre de 1947
Según una versión peronista que se conoció muchos años después, unos cincuenta indios pilagá murieron tras consumir alimentos enviados por el gobierno nacional, que les llegaron ya vencidos.
“Portando grandes retratos de Perón y de Eva Perón”, unos mil hombres, mujeres y niños marcharon para dialogar con el comandante de Gendarmería sobre esa desgracia.
Todos “fueron ametrallados por efectivos de dicha fuerza”, porque eran “indios de pelea”.
Tiene muy pocos visos de seriedad la afirmación de que los gendarmes que dispararon respondían a las órdenes del empresario salteño Robustiano Patrón Costa.
La verdad es que eran indios que se habían reunido en ese lugar por y para una cuestión religiosa, atraídos por un santón llamado Luciano Córdoba, Tonkiat para los de su raza.
Los diarios de la época, férreamente controlados, no le dedicaron al hecho una sola línea.
Aunque por sus venas corría sangre india, Perón jamás ordenó investigación alguna.
Aviones contra lanzas
Uno de los documentos relacionados con aquel episodio lo tiene la Fuerza Aérea Argentina.
En el mismo se revela que la Agrupación Transporte de la Fuerza Aérea Argentina, mediante Orden del Día N° 1657 del 16 de octubre de 1947, ordenó el envío de un avión, que despegó desde el aeropuerto de El Palomar.
Lo tripulaban Abelardo Sergio Como, Carlos Smachetti, dos mecánicos y un radio operador, todos miembros de la referida fuerza, con jerarquía de alférez, cabo y sargento.
En el Tomo II, capítulo XI, del libro “Historia de la Fuerza Aérea Argentina”, bajo el título “De un avión y de lanzas: El último malón”, está el relato del apoyo prestado por la aviación argentina a Gendarmería Nacional.
El relato, consigna: “La Gendarmería fue convocada para sofocar el alzamiento, y la intervención prevista para el avión JU-52T-153 fue tanto para el transporte de refuerzos en personal y material para las guarniciones de Gendarmería como para el reconocimiento del terreno y localización de los revoltosos”.
Al avión le sacaron una de las puertas para instalar una ametralladora Colt calibre 7.65 mm, con la cual disparaban contra los originarios que huían hacia los montes.
“Así termina esta anécdota verídica. Así ocurrió y así acabó el último malón, el enfrentamiento significativo de la lanza contra el avión, de la barbarie contra la civilización”, terminó señalando ese informe de la Fuerza Aérea.
Un juez ametralladorista
Un gendarme que participó de la represión, muchos años después llegó a ser juez federal de Formosa.
Se llamaba Leandro Santos Costa, jefe de la sección Ametralladoras Pesadas.
El Director General de Gendarmería Nacional lo ascendió por su “valerosa y meritoria intervención llevada a cabo contra el alzamiento de indígenas pilagá, en cuya emergencia no titubeó en afrontar la grave situación para su vida que el caso les deparaba”.
Trece años después, empezó a estudiar Derecho, y llegó a ser magistrado federal.
El pasado domingo 18 de septiembre, en la comunidad formoseña de Esperanza, murió otro sobreviviente de la masacre. Según su documento de identidad, se llamaba Solano Caballero. Los de su raza lo llamaban Ni´daciye.
