El juez federal Claudio Bonadio dispuso allanamientos en las propiedades del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su entonces segundo Roberto Baratta, en el marco de la causa por presunto pago de sobreprecios en la importación de gas licuado natural.
Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal por disposición del Juzgado y tuvieron lugar en el edificio de Avenida Del Libertador y en Puerto Panal, en la chacra que De Vido tiene en la localidad de Zárate.
También los operativos alcanzaron un inmueble en el barrio porteño de Belgrano propiedad de Baratta, quien junto a De Vido está detenido con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz.
Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la causa en el que ambos están procesados por defraudación a la administración pública y en la que pesan embargos de hasta 1.000 millones de pesos.
Se trata de una causa por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015, una investigación por las que fue desaforado por la Cámara de Diputados a pedido del juez federal Claudio Bonadio.
A través de esa supuesta maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, «se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado» de aproximadamente 6.995 millones de dólares, «pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado», había indicado Bonadio.
Precisamente, Baratta, mano derecha de De Vido en el Ministerio, tuvo un rol clave en la adquisición de esos cargamentos que llegaban en barcos y que eran regasificados para su uso local: estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el Gobierno en 2007 para hacer frente a la crisis energética.
El exministro De Vido también está procesado por la supuesta administración fraudulenta en los fondos estatales a la mina Río Turbio, en la que se investiga un desvío de unos 256 millones de pesos.
Tras los operativos, los abogados de De Vido interpusieron un recurso de «nulidad» de medida y advirtieron que podrían plantear en los próximos días, «por este y por otros actos que demostrarían a las luces un caso de animosidad manifiesta fuera de lo común, la recusación del juez Claudio Bonadio».
En relación al allanamiento, advirtió que la medida no se encontraba «fundada» y reparó en la «increíble desconexión entre el objeto procesal de la causa y el domicilio particular de una persona que, adicionalmente, se encuentra detenida en una cárcel de máxima seguridad». «¿Qué pretendía el Sr. Juez?, ¿Encontrar instrumentos para el transporte de gas licuado, recuerdos marítimos de los barcos que seguramente se habrán usado para el transporte, o fotos con la tripulación?», ironizó Rusconi.
