La expresidenta Cristina de Kirchner se presentó ante el juez federal Julián Ercolini a la indagatoria en la causa por el supuesto lavado de dinero a través de Hotesur, donde estuvo menos de media hora, presentó un escrito y no respondió preguntas.
La exmandataria está acusada de maniobras de lavado de dinero con el alquiler de plazas hoteleras y por el caso también deben declarar sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, ambos integrantes de esa sociedad comercial, el 13 y 15 de noviembre, respectivamente.
Antes de su nueva visita a Tribunales, Cristina reiteró que es víctima de una «persecución judicial ordenada por el presidente Mauricio Macri», al igual que otros opositores, y solicitó a sus militantes que la dejen ir «sola».
«Les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola», afirmó la expresidenta en un mensaje difundido a través de las redes sociales.
Sostuvo que en la investigación por Hotesur «la persecución incluye» a sus hijos «que, una vez más, fueron citados a declarar».
«Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo Juez y el mismo Fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás. Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de Derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo», se quejó Cristina.
A su entender, el Gobierno busca «amedrentar a la dirigencia política, social y sindical para que no haya voces verdaderamente opositoras a la segunda parte del plan de ajuste» y también «distraer la atención de la sociedad argentina con un show mediático que permita ocultar el saqueo de la Nación y del bolsillo de los argentinos».
Por esa razón, llamó a que no la acompañen a Comodoro Py 2002, como suele ocurrir cuando se presenta en los tribunales, para no «entrar en su juego».
La ronda de indagatorias por Hotesur incluye el próximo 28 de noviembre al empresario detenido Lázaro Báez, a su hijo Martín Báez el 30.
En tanto, el empresario Osvaldo Sanfelice, socio inmobiliario de los Kirchner, declarará el 4 de diciembre, y el contador de la familia, Víctor Alejandro Manzanares, el 12.
Cristina ya está procesada por orden de Ercolini por fraude con la obra pública, a raíz de la entrega de gran cantidad de obras viales a Lázaro Báez, el 80 por ciento del total en la provincia de Santa Cruz, y también en el caso «Los Sauces» donde se sospecha de maniobras de lavado a través del alquiler de complejos habitacionales.
En el caso Hotesur se investiga el alquiler por parte de Valle Mitre, de Báez, de varias plazas hoteleras del Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, todos hoteles pertenecientes de los Kirchner.
La firma Valle Mitre fue la antigua administradora de la firma Hotesur y desde el 2013 siguió ejerciendo ese rol la firma IDEA, del empresario Sanfelice, quien fuera socio de Máximo Kirchner en emprendimientos inmobiliarios.
Desde 2009 a 2013, Lázaro pagó 27.592.110 de pesos por alquiler de plazas hoteleras en el Alto Calafate, y también un canon mensual de 40 mil dólares.
«No debe perderse de vista que en el presente legajo se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra, por lo que, consecuentemente, se evidencia la razonabilidad de la viabilidad de las medidas cautelares propuestas», argumentó Ercolini, al mantener la vigencia de la inhibición general de bienes sobre la expresidenta.
La misma resolución adoptó con los 4.664.000 que fueron hallados dentro de la caja de seguridad ubicada en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., que era propiedad de Florencia Kirchner.
