A los/as trabajadores/as. A la opinión pública en general.
El paquete de “reformas” impulsado por el gobierno forma parte de un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados por los trabajadores durante más de un siglo.
El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional es mucho más que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que constituye una profundización de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre los trabajadores. Es en este marco que debe entenderse esta ofensiva en la introducción de contenidos de flexibilización laboral en los convenios colectivos, siguiendo los ejemplos de Vaca Muerta, de la industria lechera, de los metalúrgicos de Tierra del Fuego y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social que provocará la reducción de las contribuciones patronales.
En cuanto al contenido del proyecto que el Gobierno Nacional se apresta a enviar al Congreso, la enumeración de los principales temas que son modificados en perjuicio de los trabajadores es abrumadora y a grandes rasgos responde a un compendio de los principales reclamos que venían realizando desde hace años los representantes de las grandes empresas. Por un lado, el proyecto incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo que implican reducir sustancialmente las indemnizaciones por despido, favorecer la tercerización al eliminar la responsabilidad de las empresas principales en casi todos los supuestos posibles, debilitar el principio de irrenunciabilidad, fortalecer la capacidad de los empleadores de modificar arbitrariamente las condiciones de trabajo (lugar de prestación de las tareas, horario, etc.), desdibujar la existencia de una jornada limitada de trabajo a través de la imposición del banco de horas, y dificultar el reclamo judicial de créditos laborales. A tal punto llega la profundidad de esta reforma que entre sus objetivos se plantea la necesidad de “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”.
Esta ofensiva no se limita al campo de las relaciones laborales y también incluye una modificación confiscatoria de la ley de movilidad jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela y la universidad a las necesidades de los empresarios y la implementación de una Cobertura Única de Salud que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. A ello se suman una escalada de impuestazos, tarifazos y brutal endeudamiento externo que no harán más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.
Para aplicar este “plan” el gobierno teje un pacto implícito con los gobernadores, diputados y senadores que les responden y especialmente con el “sindicalismo empresario”. Rechazamos cualquier negociación en curso a espalda de los trabajadores.
Es necesaria una deliberación de fondo de los trabajadores en los lugares de trabajo, mediante asambleas y plenarios para impulsar la lucha en defensa del derecho al trabajo, a la libertad y democracia sindical, al salario digno y de las conquistas amenazadas. Promovemos la mayor unidad en la lucha y resolvemos una Jornada Nacional con paros y movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la reforma laboral.
Impulsamos una gran movilización unitaria el 06 de diciembre de los sindicatos, comisiones gremiales internas, agrupaciones y organizaciones sociales que rechazan y están dispuestas a enfrentar la Reforma Laboral y el paquete de medidas anti populares.
-No a la reforma laboral
-Basta de despidos y cierres. Defensa de todos los puestos de trabajo ante el cierre o despidos masivos. Ningún despido en el Estado.
-Anulación inmediata del impuesto al salario.
-Defensa de los convenios colectivos y estatutos laborales. No a las cláusulas de “flexibilidad” y “productividad”
– Que ningún convenio se firme sin la aprobación de asamblea en cada gremio.
-Pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado.
-No a la reforma educativa privatista del “Plan Maestro” y la “Escuela del futuro”.
-No a las pasantías de trabajo gratuito y precario para la juventud.
-Fuera la reforma previsional, por el 82% móvil.
-Reposición de los aportes patronales derogados por Menem y Cavallo en 1993.
-Defensa de los regímenes especiales y rechazo al aumento de la edad jubilatoria.
-No a la CUS. Defensa del sistema público de salud.
-Basta de desocupación, precarización laboral y tercerización. Pase a planta permanente y/o convenio colectivo de todos los planes sociales y trabajadores precarizados.
-Blanqueo laboral con estabilidad del trabajador que denuncie su situación. No a la rebaja de aportes patronales a la seguridad social
-Duplicación del salario mínimo vital y móvil. Por un salario equivalente a la canasta familiar. Ningún techo paritario.
-Por la vigencia del convenio de actividad para los trabajadores de empresas tercerizadas.
– No a la intervención del Ministerio de Trabajo en la vida interna de los sindicatos.
-Contra la criminalización de la protesta y la represión. Desprocesamiento de todos los luchadores.
-Defensa de los sindicatos con simple inscripción y las fábricas bajo gestión obrera. Por la libertad y democracia sindical y la autonomía de los sindicatos respecto del Estado y las patronales.
– Justicia y Castigo por Santiago Maldonado.
– Contra la Reforma Laboral PLAN DE LUCHA NACIONAL
