Once personas dedicadas a negocios ilegales relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico de drogas fueron procesadas en las últimas horas. Además se fijaron embargos millonarios para los empresarios por prostituir a unas 38 mujeres en Paso de los Libres.
La Justicia Federal correntina procesó con embargos millonarios a once empresarios acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de la trata, el narcotráfico y el contrabando de divisas, vinculada con una red de prostitución. En la causa está procesado un ex fiscal federal de Corrientes.
A partir de una investigación desarrollada por los fiscales Carlos Schaefer y Fabián Martínez, las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de Trata (Protex), la medida fue adoptada por la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, quien embargó hasta la suma de 3.000.000 de pesos a los sospechosos de estar vinculados a la red que prostituyó a 38 víctimas de trata.
Además, la magistrada ordenó el decomiso definitivo de 37 autos, lanchas, motos, camionetas y hasta un tractor, pertenecientes a la organización, que también está implicada en el montaje de empresas “fantasma” para el lavado de activos de origen ilícito, según indica el expediente al que Télam tuvo acceso.
Los procesamientos, sin prisión, fueron dictados contra Ricardo Aguirre (62), Ricardo Gustavo Aguirre (37) -padre e hijo respectivamente, procesados junto al ex fiscal de Paso de los Libres Benito Pont por trata y prostitución-, María Clelia Espada (63), Pablo Martín Marsilli (41), Héctor Gavarone (42), Fernando Marticorena (39), Héctor Marsilli (39), Leonel Zappa (27), David Loza (34), Eduardo Bravo (33) y José Acebal (40).
En tanto, se ordenó reiterar pedidos a Interpol para la captura internacional del prófugo Jorge Castro Gentil, un brasileño declarado en rebeldía en esta causa.
“Una de las formas de capitalización empleada por la organización consistiría en la formación de diversas sociedades, mediante las cuales se adquirirían vehículos, encontrándose autorizados a conducir los propios socios e investigados; luego algunos de los vehículos serían utilizados para cruzar a países limítrofes, presuntamente para obtener divisas”, señaló la Procelac en uno de los fundamentos que integran el procesamiento.
Y agregaron que las sociedades montadas a efecto del lavado eran “Gabac SRL”, dedicada al recauchutado y renovación de neumáticos; “Marga Servicios Integrales SRL”, de servicios Integrales y asesoramiento en comercio internacional; “Awkward transportes limitada” de transporte automotor de cargas, con domicilio en Uruguayana, Brasil; y “HRM CVM SRL”, de logística.
En el procesamiento, la jueza les imputó a los sospechosos los delitos de “lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal y realizado en nombre o con la intervención, o en beneficio de empresas».
Pero además, a Pablo Martín Marsilli y a Eduardo Bravo, se los procesó por tenencia injustificada de arma de fuego de guerra, ya que les hallaron un revólver calibre .38 y una escopeta, respectivamente, sin documentación respaldatoria.
En su fallo, la titular del juzgado de Paso de los Libres puso de manifiesto que existen “peligros procesales concretos”, teniendo en cuenta que los investigados “habiendo tomado conocimiento de la existencia del proceso penal en curso, se habrían desprendido rápidamente de sus bienes para que los mismos no resulten alcanzados en caso de ordenarse su decomiso”.
Por eso, ordenó que se impongan decomisos anticipados y definitivos con carácter de “muy urgente”.
Por otra parte, se abrirá una causa por presunto tráfico de influencias, ya que de las investigaciones surge que Ricardo Aguirre fue requerido por la ex jueza civil Ana de Jesús Gauna de Atencia, para “que interfiera o ejerza su influencia sobre quien corresponde a fin de impedir” su remoción.
Por la amplitud de la investigación desarrollada, en esta causa -además de los fiscales federales de Corrientes Schaefer y Martínez-, actuaron María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, de Procelac; Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, de Protex; María del Carmen Chena, de la Dirección de Recuperación de Activos y la Unidad de Información Financiera (UIF).
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Fuente: El Litoral.
