En Diputados se discutirían impuestos internos a gaseosas si los votos de legisladores de provincias clave no aparecen. La condición es no alterar (mucho) el ahorro de $130.000 millones para 2018.
Mauricio Macri dio la orden final: las reformas que considera clave para 2018 deben ser aprobadas por el Congreso y, para lograrlo los legisladores del oficialismo están autorizados a negociar algunos puntos clave. Dos capítulos podrán modificarse, siempre que los cambios no alteren la meta final de déficit fiscal de 3,2% del PBI para 2018 (entre $120.000 y $130.000 millones); o que, al menos, puedan garantizar que si se pierde recaudación por un lado, se garantice por el otro. Por ahora, en la autorización presidencial hay dos capítulos: terminar de clarificar qué sucede con la suba de los impuestos internos y el tributo al cheque en Diputados y con el «plus» por PBI con el que se modificaría la «movilidad jubilatoria».
En el primer caso, se discutirá el tributo a las gaseosas azucaradas. En el segundo, el «plus» debería ser más generoso que el escueto y amarrete 5% sobre el crecimiento que propuso el Gobierno. Según se aclaró desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, los legisladores tienen margen de negociación fiscal, pero se recomienda que los cambios sean monitoreados permanentemente con el Ejecutivo.
Macri quiere que las leyes estén a disposición del Ejecutivo a fin de año, y que las extraordinarias se utilicen para cerrar las reformas, incluyendo la conflictiva nueva ley previsional. Y que a comienzos de 2018 la atención esté puesta en la rapidez de la puesta a punto y reglamentación de las nuevas leyes, y la confección de las reformas de «segunda generación» las que , se promete, serían aún más profundas (y burocráticas) que los cambios que quiere generar el Gobierno con las normas que antes de Navidad debería aprobar el Congreso. Los que siguen son los lineamientos de los primeros cambios que están en estudio sobre los textos originales:
* Impuestos Internos. El Gobierno sabe que la suerte de la reforma impositiva está casi cerrada y positivamente para los intereses del oficialismo. Casi no hay oposición a los cambios en Ganancias para empresas y la modificación de la ley penal tributaria. También la aplicación del IVA a ciertos servicios informáticos y la ampliación en la presión de Ganancias para particulares podría tener votos positivos. Pero donde aún no hay acuerdo es en la aplicación del impuesto interno a las gaseosas azucaradas, ya que contaría con la negativa de los legisladores de provincias mesopotámicas, Tucumán y Santiago del Estero. Hasta el correntino oficialista Ricardo Colombi anunció que, al menos en particular, sus legisladores votarán en contra. La habilitación desde el oficialismo libera a que en el momento de votar en comisión o en el recinto se acepte la caída de este impuesto si ayuda al éxito final de la norma.
El mismo análisis se aplica a la posibilidad de tomar el impuesto al cheque a cuenta de Ganancias. La intención del Gobierno es limitar al máximo este beneficio, otorgándoselo únicamente a las empresas. Se sabe que en Diputados el massismo y parte del justicialismo presionarán para que la alternativa alcance también a los contribuyentes particulares. El macrismo no tendría problemas en admitirlo pero siempre y cuando la pérdida de recaudación se traslade a 2019.
* Jubilaciones. El Gobierno no negociará que la reforma jubilatoria pase por el cambio en la indexación anual eliminando la «movilidad» por el cálculo sobre la base del PBI, más un plus. La base del éxito del mecano fiscal armado por Dujovne se asienta en que los gastos previsionales bajen sustancialmente. Si además se tiene en cuenta que de los 130.000 millones de pesos que Dujovne debe reducir de déficit, unos 100.000 parten de la eliminación de la «movilidad», las posibilidades de negociación se limitan. Sin embargo hay margen para negociar el «plus» sobre el PBI. Se reconoce puertas adentro que el primer clima cosechado entre la oposición legislativa es de rechazo absoluto.
Y que la idea de un 5% del crecimiento no fue tomada muy en serio por los senadores y legisladores de los partidos que necesariamente deben aportar votos. Los números son lapidarios. Si la Argentina creciera un 4% el próximo año, el aumento mensual por el «plus» sería de unos 20 pesos, lo que comparado con los casi 300 que perderán los jubilados si se aplicara la «movilidad», hacen imposible la comparación. Lo que hará el Gobierno es mejorar la oferta porcentual del «plus». Como máximo, se podría estirar hasta los 50 pesos (15% aproximadamente), lo que aún no garantizaría el indispensable aval opositor.
Ámbito.
