La Justicia del Chaco consiguió dar una nueva familia a la bebé que fuera hallada dentro de la Iglesia San Javier de Resistencia el 27 de junio de este año. Esto fue dado a conocer por la jueza Laura Parmetler, titular del Juzgado del Menor de Edad y la Familia Nº 6
El trámite se completó con la participación del Registro Centralizado de Adoptantes, mediante el cual fueron seleccionados los postulantes inscriptos en el padrón conformado a tal fin. Ahora comienza una nueva vida tanto para los padres como para la beba, que disfrutará del amor, cariño, contención y todas las posibilidades para desarrollarse plenamente en los planos personal, afectivo y familiar, entre otros.
La jueza precisó que antes de declararla en situación de adoptabilidad fueron agotadas todas las instancias para hallar a integrantes de su familia de origen, pese a las diligencias efectuadas desde todos los organismos intervinientes, en los que se incluye el Equipo Fiscal Nº 1, razón por la que fue inscripta con un nombre y apellido común por el Ministerio Pupilar».
En su resolución, Parmetler, señaló citando la doctrina fijada por Gil Domínguez, Famá y Herrera en “Ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes” que: “la idea de los niños y adolescentes como ‘sujetos’ de derecho, y no de meros ‘objetos’ de protección, implica reconocerles la titularidad de los mismos derechos fundamentales de los que resultan titulares los adultos más un ‘plus’ de derechos específicos justificados por su condición de personas en desarrollo.
Por último remarcó, siguiendo lo dicho por Cecilia Grosman en “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia” respecto a que: “el concepto del interés superior del niño representa su reconocimiento como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. Esto significa que resultará en su interés toda acción o medida que tienda a respetar de manera efectiva la mayor cantidad de derechos involucrados. Esta directriz cumple una función correctora e integradora de las normas legales, constituyéndose en pauta de decisión ante un conflicto de intereses en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño”.
