María P., de 10 años de edad, ya es madre. Vive con su hija Maricel, que nació en octubre pasado, según la referencia comunitaria. La bebé goza de buena salud.
La familia está integrada por la abuela Catalina Aranda, la mamá Rosa Polo y el concubino de la última, Alberto Peña, los dos hermanitos de 4 años y 8 meses, Armando y Omar. Los medios masivos de comunicación se ocuparon del caso de esta niña que quedó embarazada víctima de un eventual abuso. Durante los primeros días de septiembre de este año los medios publicaron con titulares impactantes, en los que sobresalieron las posibles aberraciones del caso. En un hecho que agitó a la comunidad, la pequeña de 10 años llevaba en aquel entonces 32 semanas de embarazo.
Todos vivían en el mismo precario rancho, que no tiene divisorias internas, por lo que todos dormían juntos. Fue construido con palos, tierra y plásticos negros. El techo es de adobe, el piso de tierra y el baño es una letrina. En el mismo terreno viven otros familiares, por lo que en total son seis adultos y cinco niños. El Estado les construyó una habitación. Se tramitaron los documentos de identidad y los asistieron alimentariamente. Luego dejó de asistirlos de la forma en que lo hiciera cuando estalló la noticia del supuesto abuso de María.
Acostumbrada a ser pobre
María es una niña wichi que nació y creció en extrema pobreza. En el año 2016 vivía con su familia en el paraje Campo Nuevo-Kompi. Así figura en los registros asistenciales de una organización hermana del Centro Mandela que regularmente asiste a las comunidades indígenas de El Impenetrable. Sus voluntarios son mayoritariamente pergamineses, muy comprometidos y solidarios, que brindan no solo atención sanitaria, sino de desarrollo humano y social de las familias aborígenes. Son incansables.
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La madre María sintetiza y refleja uno de los muchos casos críticos, de extrema vulnerabilidad social y máxima pobreza. Actualmente la niña vive en el paraje Techat 4, el último que fue conformándose por la emigración de las comunidades que vivían en pleno monte. El lugar depende del municipio y del puesto sanitario de Miraflores.
El monte les alcanza solo para conseguir algo de leña. No cuentan con ningún servicio básico y elemental. Se alimentan a base de lo que pueden comprar a partir de la recaudación de la venta de canastos que artesanalmente confecciona Rosa y de la pensión que cobra la abuela discapacitada, más algunas asignaciones.
Todos los menores carecían de documentos de identidad. No están escolarizados. Los agentes sanitarios de la zona no realizaban relevamientos rurales en el Paraje antes de que se conociera el caso de María, por lo que ninguno de ellos contaba con controles médicos y pediátricos. Actualmente la situación ha vuelto al estado anterior.
La denuncia
El 28 de Agosto pasado la Unidad de Protección Integral recibió la denuncia, efectuada en la Comisaría de Miraflores, por la directora del hospital de esa localidad. Denunció que la obstetra examinó a María cuando cursaba un embarazo de 28 semanas, aproximadamente. La Unidad realizó las visitas a la familia y realizó los informes socio-ambientales. También se entrevistaron a los profesionales intervinientes para confeccionar un informe de seguimiento.
Al hospital
Como consecuencia de agudos dolores abdominales, María y su mamá -que también estaba embarazada en esa época- fueron atendidas en el hospital Güemes de J.J. Castelli. A María le diagnosticaron que cursaba un embarazo de alto riesgo desde el punto de vista ginecológico, obstétrico y social. Como siempre ocurre, la niña fue dada de alta prematura luego de que le realizaron algunos estudios complementarios y, supuestamente, la correspondiente contención del Servicio Social y Salud Mental.
La obstetra del hospital de Miraflores, junto con la anterior Ministra de Salud, decidieron la derivación de María al hospital Perrando-Castelán. En este establecimiento María fue atendida mientras permaneció alojada en el albergue Teresa de Calcuta, junto a su mamá Rosa. Mientras tanto se difundía que en el marco de la investigación penal se había resuelto que María declarara en cámara Gesell, aunque se planteaba la dificultad del lenguaje. Pasó el tiempo, hasta que un día María y Rosa se fueron sin avisar. Todos guardaron un silencio funcional, como si nada hubiera pasado. No fueron a buscarlas. Sin embargo, María tuvo a su hija Maricel.
Impactante y fugaz repercusión
A partir de la denuncia, fue impactante y fugaz las repercusiones del caso en los medio de comunicación y en la agenda de gobierno. Hasta se planteó un debate, bastante confuso, sobre si los medios debían difundir noticias en torno a la situación de María.
Se publicó que el Estado brindó asistencia y proveyó a la familia de alimentos, agua potable y controles médicos, así como también la tramitación de los documentos de identidad. Después se volvió a la rutina del Estado ausente, indolente y desprejuiciado.
También se supo que la velocidad inicial de la investigación penal por el posible abuso que habría sufrido María fue perdiendo interés hasta diluirse, como tantos otros casos, en los que el paso del tiempo produce efectos sedantes para los gobiernos, las comunidades y los medios.
Centro de Estudios e Investigación Social Mandela.
