Se realizó este viernes en el PJ una reunión donde dirigentes justicialistas fijaron posición ante el pedido de desafuero y procesamiento impulsada por el juez Claudio Bonadio contra la expresidenta. “Reprochamos y solicitamos que sea desestimado”, sentenciaron.
Hugo Sager, el orador en la conferencia, detalló que:
Los argentinos ayer amanecimos con una nueva decisión de un juez de la Nación que a la vista de todos suena descabellada, no sólo por los argumentos que sostiene, sino también porque se reconocen principios básicos del derecho
La resolución dictada por el juez Carlos Bonadío determina arbitraria e infundadamente los procesamientos de embargos y prisiones preventivas de los involucrados en la causa caratulada ‘Timmerman Héctor y otros sobre encubrimientos’. Entre ellos se encuentra la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de la anterior gestión a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
El juez Bonadio ha perpetrado un atropellamiento a pautas elementales de nuestro ordenamiento jurídico. No existen elementos razonables para proceder con los procesamientos ordenados, menos aún para imponer la prisión preventiva de las personas involucradas en la causa.
La prisión preventiva no es una medida ordinaria, afecta derechos esenciales de la persona, por ende sólo procede ante casos excepcionales y siempre debe estar debidamente fundada. La libertad personal no puede depender de prisiones mediáticas ni quedar a merced del capricho de un juez.
El juez Bonadio así consuma con su decisión una alteración de nuestras bases jurídicas e institucionales, decisión que por lo tanto reprochamos y solicitamos que sea prontamente desestimada a efectos de reponer la vigencia de nuestra constitución.
“Se debe resguardar los derechos fundamentales de todos los argentinos, pero en particular hoy venimos a defender a nuestras compañeras y compañeros que ven vulnerados injustamente sus derechos y garantías por quienes dicen falazmente llamarse Justicia.
Observamos con preocupación que detrás de estas medidas judiciales, que casualmente se producen hacia el final de la semana laborable para ocupar espacios mediáticos del mismo, existe la intención de ocultar una delicada realidad política, económica y social a la que no ha adaptado el Gobierno del ingeniero Mauricio Macri.
Los argentinos en general y los peronistas en particular sabemos de atropellos y persecuciones. Para oponernos a cualquier intento de abuso que se parezca a persecución política sólo basta recordar el decreto 4.161 de 1956 de Aramburu. El Consejo Nacional del Partido Justicialista no puede ni va a permanecer en silencio ante semejante atropello judicial y mediático que sólo busca profundizar el clima de revancha social
