Los empleados de la empresa Oil Combustibles, de la localidad santafesina de San Lorenzo, se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Temen la pérdida de 400 puestos de trabajo por el entorpecimiento de la venta de la firma.
La preocupación surge porque con la detención de Cristobal López -ex titular del Grupo Indalo-, el juez Julián Ercolini dispuso investigar el proceso de venta de la empresa, que podría provocar que “si no es válida la venta los nuevos inversores no van a inyectar capital y se puede ir a la quiebra”, advirtieron fuentes gremiales.
El martes pasado, el juez Ercolini dispuso la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa (Grupo Indalo), acusados de evadir a la AFIP 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles.
A fines de octubre la planta ubicada en San Lorenzo fue adquirida por OP Investments, con planes para recapitalizar la firma y preservar los puestos de trabajo.
El secretario legal del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburiferos (Supeh), Héctor Brizuela, recordó que el juez Héctor Vitale había rechazado la apertura del concurso preventivo de la planta que pertenecía al grupo Indalo, decisión que fue apelada tanto por la empresa como por los trabajadores.
“La empresa había pedido una medida de no innovar, para que no embarguen las cuentas. Vitale dio lugar a la cautelar y designó a los síndicos como veedores. A eso habría que sumarle que los inversores de OP Investments habían mejorado la oferta de pago.
Pero todo se complicó con la detención de Cristobal López y Fabián De Sousa, porque el fallo de Ercolini dice que abre una investigación para saber si no fue fraudulenta la venta”.
En este contexto de incertidumbre, Brizuela dijo que los trabajadores de la refinería de San Lorenzo se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente, operando en una fábrica al mínimo de su capacidad, “corriendo 3500 metros cúbicos cuando es una planta preparada para 8000”.
La posible quiebra de la empresa trae aparejado el temor de perder 400 fuentes laborales, entre puestos directos e indirectos, y la cifra se elevaría al doble si se suman transportistas, amarradores y serenos de barco.
“Son 800 o 900 familias que van a estar afectadas directamente ante una eventual quiebra”, agregó el dirigente gremial.
*InfoGremiales.
