Se debe a los resultados obtenidos tras la intervención de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) en el Registro de la Propiedad Automotor (RPA) de Barranqueras, donde una de las autoridades habría realizado maniobras ilegales para desviar fondos.
Las acciones de la DNRPA en la ciudad portuaria del Chaco comenzaron en el mes de noviembre, por decisión de su presidente Carlos Gustavo Walter, quien ordenó la intervención luego de una auditoría en la que se descubrieron «irregularidades de carácter técnico registral que se vinculan a la errónea percepción de aranceles» valuadas en un millón de pesos, aproximadamente.
Cabe mencionar que otro de los datos de la investigación involucró a Juan Carlos Ayala, titular del organismo ubicado en Barranqueras, quien habría sido el responsable de algunas maniobras espurias entre septiembre y octubre de 2015.
«Se comprobó que el señor Ayala no efectuó el depósito de las recaudaciones, procediendo a suscribir plan de pago por un total de 760.376,65 pesos en doce cuotas, con los intereses y punitorios, que a la fecha del control se encontraba cancelado», manifestaron fuentes de la DNRPA.
Además, se tomó conocimiento sobre la «falta de coincidencia entre el sistema de cálculo para el cobro del Impuesto de Sellos de la Administración Tributaria Provincial y los montos de sellado incluidos con los aranceles en el recibo que emite SURA», y que de esa forma «arrojó durante el período enero de 2015 a diciembre de 2016 una diferencia en defecto de 194.707,63 pesos, monto respecto del cual el señor Ayala solicitó nuevo plan de pagos, también en doce cuotas».
Mediante las tareas del equipo que comandó el interventor Pablo Enrique Ruskonis, se amplió el espectro de la investigación y el tema salpica a la política chaqueña por otros registros sospechosos.
Uno de los casos corresponde a un vehículo con domicilio en Monteagudo 346 (Resistencia), que tiene como titular a Eva Argentina Flores de Gauna, quien trabajaría como empleada de Juan Manuel Pedrini desde el año 1994. Pedrini, además de ser diputado provincial, tiene a su cargo el Registro de la Propiedad del Automotor N°2 de Resistencia, según su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El segundo se trata de un automóvil con registro en calle Las Heras 370, también en Resistencia, a nombre de Felipe Germán Bittel, dirigente de Unidad Ciudadana en el Chaco.
Los Registros de la Propiedad Automotor fueron privatizados en 1983, y desde hace décadas se sospecha que los gobiernos los utilizan para el otorgamiento discrecional de titularidades de vehículos irregulares. Estas 1.436 oficinas públicas que están en todo el país se encargan de registrar la propiedad de todos los vehículos que existen en la Argentina (autos, motos, máquinas agrícolas, etc), y de la ganancia que obtengan de sus operaciones comerciales, un porcentaje va al Ministerio de Justicia de la Nación.
