En lo que fue la labor legislativa del 2017 el diputado Livio Gutierrez presentó 47 proyectos de ley, 51 pedidos de informes (solo contestado uno) y 207 de otros proyecto de resoluciones.
De todos ellos fueron aprobadas las siguientes leyes de su autoría: Ley 2600 L – Modifica el artículo 8º de la Ley Nº 1428-R; Ley 2642 A – Crea para el Personal Policial el concepto Seguridad Bonificación Especial; Ley 2678 F – Incorpora en el Inc. d) del Art.12 de la Ley 299-F (Antes L.2071) el ítem 91.007 (Reducción de alícuotas de impuesto a los ingresos brutos de los créditos hipotecarios); Ley 2711 F – Adhesión Ley Nacional Nª 27.349 – Apoyo al Capital Emprendedor; Ley 2713 A – Modifica los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Y 10 DE LA LEY 397-A (Crea Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo en Sáenz Peña. Modifica Ley 1308); Ley 2737 F – Crédito Público para Pavimentación Ruta Provincial N°6.
Ley 2750 A – Leyenda oficial a partir del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 “2018 AÑO DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO #NIUNAMENOS”.
Como resumen del año legislativo Gutierrez consideró que en este mes de recambio legislativo, hemos visto varias rendiciones de cuenta sobre la labor realizada por los diputados en las cuales se incluye, “pero en este ejercicio republicano he percibido que el único parámetro utilizado por todos es el de cantidad de proyectos presentados y esto me ha llevado a realizar algunas reflexiones”.
Gutierrez reflexiona que por años se ha evaluado la labor legislativa y se ha presentado como exitoso aquel legislador que tiene una gran producción de proyectos, “y quizás no esté mal que así lo sea, incluso cuando los ciudadanos nos ven hacer alguna actividad política fuera del recinto, enseguida aparecen las críticas y nos mandan hacer leyes que para eso les pagamos. Pero en realidad ¿es la única función de los legisladores hacer leyes? ¿La ciudadanía percibe mejor bienestar cuando más leyes se aprueban?”.
Para responder estas preguntas, el legislador radical aclara que debamos quizás remitirnos a los orígenes del Parlamento, el cual nace en épocas de monarquía en el viejo continente. En ese contexto aparece como un cuerpo colegiado integrado por los representantes de las personas, para controlar la marcha del Gobierno y legitimar sus actos fundamentales, es así que desde sus inicios la principal tarea de los parlamentarios fue el control y regulación del Gobierno, es decir, era un órgano cuyo fin central era velar porque las normas de comportamiento fuesen respetadas.
Sucedía que dentro de las tareas del monarca estaba la de recaudar impuestos y para hacerlo debía contar con la aprobación de los representantes del pueblo, necesitaba que el Parlamento apruebe los tributos y además tenía la necesidad de obtener consentimiento de los representantes del pueblo para recaudarlos. Es entonces, que la aprobación de la ley de presupuesto donde se autoriza como y de qué manera se gastará el dinero de los ciudadanos y su posterior control sea la función más importante de los legisladores.
Aumento de la actividad legislativa
“Ahora bien, creo necesario destacar dos fenómenos que se han ido incrementando con los años, por un lado, la actividad legislativa fue aumentando año a año de manera exponencial generando una inflación legislativa que nos llevó a tener una marea de normas; y por otro, cada vez fue creciendo más la restricción y retaceo de información que se brinda a los legisladores a la hora de ejercer el control sobre los actos de gobierno.
En cuanto al primer fenómeno nuestro diseño constitucional que toma de fuente el esquema americano, establece la supremacía de la constitución sobre las leyes y contiene una cláusula en el art.14 de nuestra Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio…”; pero sucede que mal interpretada se presenta como una ventana para establecer marcos regulatorios de cuanta actividad humana podamos imaginar, incluso desde esta óptica la mayor producción legislativa pareciera tener una justificación constitucional.
Esta tendencia no es solo en nuestra provincia o país sino mundial, por ejemplo en Italia, ya en el año 1988 había más de 800 volúmenes de leyes y decretos; siendo prácticamente imposible conocer con rapidez cuáles de ellos estaban vigentes y cuales habían perdido validez[1]; aquí el Digesto Jurídico que se ha trabajado y aprobado por nuestra Legislatura, vino a poner un poco de orden y significo un avance en la provincia” aseguró Gutierrez.
Pero lo cierto es que, la actividad de reglamentar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución debe ser entendida como el dictado de todas aquellas normas necesarias para que cada derecho pueda ser ejercido en su plenitud, es decir se reglamenta el ejercicio no el derecho.
Gutierrez asegura que lo que sucede con esta inflación de leyes, es que inevitablemente se producen perjuicios, “pues dentro de esta idea constructivista de un gobierno que se presenta como organizador de la vida de los habitantes y promotor del bienestar general, tiene un efecto no siempre deseado, pues, en la medida que las leyes van aumentando en complejidad y número la seguridad jurídica comienza a transformarse en inseguridad, especialmente respecto de las personas que menos acceso al asesoramiento legal tienen o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo que supone además una desigualdad efectiva en la protección de sus derechos”.
“El fenómeno no se detiene, pues esa situación de desamparo se transforma luego en incredulidad y apatía frente a las normas, se tiende a relativizar la ley, a sentir desprecio por ella y a evaluar en cada caso concreto si es razonable cumplirla o no y en este camino la ley pierde valor y sentido. ¿Somos conscientes del porcentaje de cumplimiento que tienen las leyes en nuestra provincia?” se pregunta el diputado.
“Deberíamos hacer un estudio norma por norma para contestar esta última pregunta, pero si me apresuro a dar una respuesta pareciera que los efectos en la sociedad están a la vista, conforme la presunción legal, las leyes se consideran conocidas desde su publicación en el Boletín Oficial, pero también gran parte de ellas no se cumplen, muchas no se han instrumentado y esto debe ser un tema-problema que nos debe interesar a los que hoy nos toca estar cumpliendo el rol de legislador en nuestra provincia”.
Por ello asegura Gutierrez debemos retomar roles y tareas que hemos dejado de lado, “la Cámara de Diputados de la Provincia debe ser el poder que se encargue de velar por el cumplimiento de las normas que dicta y el Poder Judicial el que las haga cumplir. Es necesario correr el eje en controlar su impacto más que su producción. Si no se cumplen por los ciudadanos o por los organismos estatales ¿Cómo sabemos si logró sus objetivos?, ¿Cómo evaluamos si cambió la realidad?, ¿Cómo sabemos si es buena o mala?”.
“La respuesta a estos interrogantes la obtendremos solo a partir de su implementación, únicamente de esta manera podremos evaluar y percibir sus efectos en la sociedad y solo de esta manera podremos hacer mejor nuestro trabajo, pero si no se cumplen tampoco podremos evaluarlas y de a poco casi imperceptiblemente iremos perdiendo seguridad jurídica.”
Restricción de información
En relación al segundo fenómeno, que es el aumento notorio en la restricción de información a los diputados cada vez que la solicitan a través de pedidos de informe a los distintos organismos del estado provincial. Livio Gutierrez indicó “no debemos soslayar que, quizás este sea el mecanismo más importante previsto para controlar a la administración del gobierno, pues a través de él se requiere información, explicaciones u opinión sobre algún tema específico de política pública que es o debe ser aplicada por el Ejecutivo Provincial y que ha sido aprobada en la ley de presupuesto”.
El diputado Gutierrez menciona que tomando solamente el período 2016/2017 desde el Interbloque Cambiemos han presentado 269 pedidos de informe de los cuales sólo han sido aprobados 92 por la Legislatura, “es decir un 34,2%, porcentaje que se reduce notoriamente en el periodo 2017 a un 6,5%. De los pedidos de informe requeridos solamente fueron respondidos 43 teniendo los peores resultados en el año 2017 donde solamente han contestado un solo informe” informó el legislador. .
Gutierrez sintetiza que “con estos datos, el sistema republicano establecido en nuestra Constitución Nacional y que se sostiene en la división de poderes y en los mecanismos de frenos y contrapesos que permiten el control cruzado entre los distintos órganos del Estado, resulta notoriamente afectado impidiendo la correcta labor del cuerpo. Sin dudas, en base a estos dos fenómenos descriptos, es necesario que replanteemos nuestra actividad en busca de mejorar y jerarquizar a la Cámara de Diputados ocupando el rol que merece en el sistema republicano”. Agregando “en lo personal aspiro a un Gobierno más abierto que cumpla también su rol y permita que el Poder Legislativo ejerza su función de control, por el bien de la República y en definitiva de los chaqueños, para los cuales trabajamos y por los que hemos sido elegidos”.
