La visita del papa Francisco a Chile costó 18 millones de dólares. Habida cuenta del escándalo en el que terminó, fueron 18 millones de dólares tirados a la basura.
Todo porque en el país trasandino “El Perón de los Papas” como lo llamó Alicia Barrios, periodista de Crónica, volvió a pisar una piedra que ya había pisado antes: defender a curas acusados de someter sexualmente a sus acólitos.
Esto me hizo acordar de un título de Norte, el 27 de febrero del 2017: “Francisco indultó en secreto a curas pedófilos”.
Un Papa “muy blando”
El referido medio publicó datos reveladores de que que el pontífice argentino había perdonado al autor de uno de los delitos más graves del clero.
La nota en cuestión se basaba en un escándalo que salió a la luz cuando el sacerdote italiano Mauro Inzoli se vio obligado a enfrentar un nuevo juicio eclesiástico.
Éste cura ya había sido penalmente condenado por delitos sexuales contra niños.
Debería haber sido apartado del sacerdocio, según la crónica. Pero “Francisco le redujo la sentencia”.
Algunas víctimas se preguntaron en qué quedaron entonces las medidas que el pontífice tomó en el 2013 para desalentar el abuso sexual dentro de la Iglesia.
Esas mismas personas señalaron que Francisco era “muy blando” con los principales abusadores y con los obispos que toleran el abuso sexual o lo encubren.
“Este nuevo indulto –concluyó la nota periodística- viene a confirmar a sus críticos”.
“Justicia compasiva”
Antes de Francisco, había sucedido algo similar con su antecesor Benedicto XVI.
El Diario Popular de Buenos Aires del 26 de marzo de 2010 trajo otra información parecida. “Un sacerdote estadounidense está acusado de abusar de 200 niños: Acusan al Papa de cubrir a cura pederasta”, decía el título.
Si bien estos casos habían sucedido en pontificados anteriores, el acusado era el Papa alemán.
Cuando era prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe (como desde 1965 se llama el antiguo Tribunal de la Inquisición), sabiendo de estos abusos prefirió adherirse al muro de silencio de la Iglesia sobre esta clase de delitos.
No tomó medidas contra el sacerdote Lawrence C. Murphy, acusado de abusar sexualmente de niños sordos y con deficiencias auditivas del estado de Wisconsin.
Se limitó a sugerir al arzobispo de Milwaukee, William Cousins, a “limitar las actividades religiosas del padre Murphy y exhortarle a asumir la responsabilidad de sus actos”.
Esto es en definitiva lo que los abogados de los supuestamente abusados por Murphy durante décadas le recordaron al papa Ratzinger en el año 2010.
La presentación judicial que en tal sentido hicieron las víctimas fue reforzada el 24 de marzo de ese mismo año con una protesta en la plaza de San Pedro.
Los manifestantes, miembros de la Red de Supervivientes de Personas Víctimas de Abusos por Sacerdotes, reclamaron que se termine con el “secretismo”.
Cuatro de ellos, dos hombres y dos mujeres, todos norteamericanos, portaban un cartel que rezaba: “Basta de justicias compasivas. Basta de dejar pasar”.
Los cuatro narraron con lujo de detalles las vejaciones sufridas y las secuelas que les dejó, entre ellas el no querer entrar más en una iglesia y no creer más en nada ni en nadie.
¿Por qué la Iglesia no reacciona?
Desde hace años vienen saliendo a luz acusaciones de pedofilia y de otros tipos de abusos sexuales que involucran a sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica.
En su momento, fue conocida en la Argentina las andanzas sexuales de monseñor Edgardo Gabriel Storni, arzobispo de Santa Fe, apodado “El Rosadito” por su homosexualidad.
En mayo de 1994, el Vaticano ordenó investigarlo, pero previsiblemente todo quedó en la nada.
En ese mismo arzobispado comenzó su carrera de abusos sexuales uno que con el tiempo se haría muy famoso, y que hoy está preso: el padre Mario Grassi.
Que estas cosas sucedan dentro de una institución religiosa que proclama vivir de la moral, del amor a Dios y del respeto al otro es de una notable contradicción.
Para estos casos de indecencias sexuales, el Vaticano evidentemente sigue practicando una política de oídos sordos.
Nunca reacciona con la fuerza y contundencia con que debería hacerlo. Su anunciada, proclamada y declamada política de tolerancia cero sólo es una metáfora.
La razón de que esto sea así es que aún mantiene una costumbre que viene de tiempos inmemoriales: considerar a estos casos un pecado, no un crimen.
Por ello, todo escándalo sexual cometido entre las paredes de la Iglesia se sigue canalizando por la anormal vía del secretismo y no por donde debería, que es la Justicia.
El sentido común dicta que lo criminal no debe ser tapado. Que debe ser juzgado criminalmente.
Ahora, Chile
La historia ahora se repite en Chile, donde la Iglesia ignora desde hace años las denuncias de que un sacerdote de apellido Karadima abusó sexualmente de sus acólitos.
Sobre el arzobispo acusado de encubrimiento, Francisco dijo: “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros ahí por hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia”.
Sus palabras produjeron un escándalo. Sobre todo porque la agencia Associated Press difundió una carta suya del 31 de enero del 2015, en la cual se revela que él ya sabía del caso.
La carta, dirigida a la Conferencia Episcopal chilena, revelaba su intención de pedir la renuncia del supuesto cura abusador Fernando Karadima y de dar “un año sabático” a tres obispos acusados de encubrir sus delitos sexuales.
Pero ahora defendió al obispo encubridor, trató de tonta a la población de la ciudad de Osorno, e hizo que terminara en escándalo una visita que merecía una suerte distinta.
Ojalá Francisco, recordando todos sus títulos y facultades, no caiga también él en la tentación de una gestión secretista e indebida respecto de los abusos sexuales.
