Claudio Martín Kusy, conocido como «El Pola» y único detenido por los explosivos colocados frente al Departamento Central de la Policía Federal el pasado 5 de enero, fue procesado con prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Ramos.
Claudio Martín Kusy, conocido como «El Pola» y único detenido por los explosivos colocados frente al Departamento Central de la Policía Federal el pasado 5 de enero, fue procesado con prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Ramos.
Kusy, de 40 años y oriundo de Quilmes, está considerado como «partícipe necesario penalmente responsable del delito de intimidación pública» a raíz de haber colocado un artefacto debajo de un vehículo de la Policía, informó esta tarde el Ministerio de Seguridad.
Ese artefacto constaba de elementos de relojería, aerosoles de butano, un caño de cartón y una chapa de bronce con un grabado que expresaba: «P.O. Partido Obrero. Libertad a los arrestados en Congreso o los ataques seguirán».
Consultado por NA, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano, quien este jueves pidió ser querellante en la causa, señaló que Kusy «no pertenece» a ese espacio de izquierda.
«No sólo no es del Partido Obrero sino que nosotros queremos ser parte de la causa porque se ha invocado nuestro nombre maliciosamente. No descartamos que se investigue al mismo Gobierno y a la Policía Federal», señaló.
En el marco de la investigación, para la que resultó clave el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, habían sido detenidas tres personas, aunque en las últimas horas fueron liberadas dos de ellas por falta de pruebas, pudo saber esta agencia.
Los explosivos, hallados por un bombero debajo de un carro de asalto de la Guardia de Infantería en la calle Virrey Cevallos, fueron descubiertos con el mensaje atribuido al Partido Obrero y, aunque los líderes de la fuerza de izquierda negaron responsabilidad en el hecho, el Gobierno denunció que formaba parte de la «violencia política».
Por esa razón, el partido trotskista denunció una campaña en su contra y pidió ser admitido como querellante para que «se clarifique si el Gobierno y el Estado están detrás de esta provocaciones», que -advirtió- se dan «en un contexto de creciente criminalización y persecución política contra el movimiento popular».
