Mediante un convenio firmado en las últimas horas por autoridades provinciales y del Ejecutivo nacional, avanzan las acciones para conseguir el decreto que permita expulsar a las personas de otros países que cometan delitos en suelo argentino.
El acuerdo se concretó recientemente, luego de una reunión entre el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los procuradores de Buenos Aires, La Pampa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz.
Esta iniciativa, aseguran, permitirá a las provincias contar con la base de datos sobre la entrada y salida de personas. También brindará «información de delitos para ser cargada en una base de datos gestionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos», manifestó el procurador chaqueño Jorge Canteros.
