«No dieron la información y ese accionar es arbitrario, ilegal y violatorio de la Constitución y del derecho a la informaición de los usuarios y consumidores», expresaron desde la Defensoría del Pueblo.
Presentaron un amparo colectivo contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para dar atrás con el último aumento aplicado al valor de la energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista. Pedirán al Poder Ejecutivo que otorgue una tarifa diferenciada para la provincia.
El amparo señala la falta de información previa en la audiencia pública y que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Nº 1091-E/2017, emitida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Secretaria de Energía Eléctrica, que establece nuevos precios para el mercado eléctrico mayorista con incrementos para el Período Estacional del verano 2017-2018.
“En la audiencia pública realizada el 17 de noviembre pasado en Formosa, no hubo información previa o sea que al igual que en la audiencia anterior, el incremento se aprobó y aplicó con información sesgada que impidió una efectiva participación de los usuarios en la decisión que finalmente se adoptó, vulnerando derechos constitucionales”, reclamó el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.
Además, el funcionario solicita a la Justicia federal que «ordene al Estado nacional que en el Chaco se abstenga de extender los efectos de esa resolución y pide de que se exija al Poder Ejecutivo de la Nación que se establezca un valor de energía eléctrica diferencial para la Provincia, contemplado las altas temperaturas que existen en el territorio».
Finalmente solicita que «se ordene al Gobierno, que previo a convocar a una nueva audiencia pública ponga a disposición de los usuarios toda la información técnica económica que dará fundamento a los aumentos».
Corregido detalló que «en el caso de los servicios públicos como el de la energía eléctrica, que son prestados por empresas concesionarias en forma monopólica bajo supervisión del Estado, el proceso de la audiencia pública conforma un procedimiento esencial en el estado de derecho para escuchar al usuario y hacerlo partícipe de la decisión administrativa que se tome, sobre todo teniendo en cuenta que el consumidor no puede optar por otra empresa prestataria del servicio de energía».
