Integrantes de Unidad Ciudadana realizaron una presentación con el objetivo de que se suspenda la “Audiencia Pública de actualización de tarifa de energía eléctrica” convocada por Decreto 27/18 del Ejecutivo Provincial y por la que se ordena a la empresa SECHEEP su realización para este jueves 8.
“El requisito de presentar previamente el contenido de la exposición a realizar en la Audiencia, por parte de los participantes, en CD o por escrito, constituye una arbitrariedad y termina siendo una restricción a la libre participación y de expresión. El Estado debe garantizar, a través del mecanismo de la audiencia la más amplia participación. Además, se viola el principio constitucional de acceso a la información pública, ya que primero hay que presentar por escrito y luego de ese paso se entregaría material. Se pide opinión adelantada de un tema que no se tiene información, un contrasentido, un absurdo. Es una clara obstrucción de la voz del pueblo”, expresó Fabricio Bolatti.
“¿Cuál es la información que reclamamos?, nada más y nada menos que cómo se integra el costo y cómo se justifica el aumento; información vital y necesaria para poder opinar sobre la propuesta de aumento o el cálculo de costos. De generar el aumento de la tarifa luego de esta falsa audiencia, se estaría consolidando un método arbitrario que decidieron las autoridades de la empresa provincial de energía eléctrica del Chaco – SECHEEP-”, especificaron las personas que pretendieron inscribirse y acompañan el pedido de suspensión, entre ellos Hernán Ciravolo de “Irrompibles”, Cacho Maciel de “Proyecto Popular”, Omar Rojo de “Colectivo Nacional”, Pablo Ruido de “Agrupación Peronista Descamisados” y Ruben Serruya del “Frente Grande”.
Esta queja y pedido se realizó en forma escrita en una nota dirigida al Poder Ejecutivo. “Queremos realmente acceder a la información y poder opinar con fundamentos respecto de cómo un nuevo aumento afectará la calidad de vida de las y los chaqueños”, señalaron. Y agregaron que “entendemos que el reglamento de la audiencia se contradice y hasta se toma más atribuciones para censurar que el decreto de convocatoria. En el decreto se pretende que puedan participar las localidades del interior y en el reglamento se piden requisitos que hacen imposible presentar una opinión fundada”.
