El bloque legislativo Frente Grande en Unidad Ciudadana, a través del proyecto de Resolución, n° 243/12 firmado por el diputado Daniel Trabalón, propone que la Cámara de Diputados del Chaco exprese su enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 90/2018 por el cual se aplica un ajuste en el programa de becas PROGRESAR.
Ésta medida política, que no tuvo un debate democrático, afecta las políticas de inclusión y de continuidad educativa seriamente generando una pérdida que perjudica a los destinatarios del Programa y a la educación pública en general.
El pasado 30 de enero el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro anunciaron el relanzamiento del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) como una «nueva política educativa», que consiste en aplicar las políticas de ajuste a la Educación Pública.
El relanzamiento del Programa implica cambio de enfoque, que se inició cuando asume el actual gobierno en el 2015, al cual se lo fue desfinanciando en estos dos últimos años, congelando los montos y recortando arbitrariamente la cantidad de becas que se otorgaban.
El Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina (Progresar) estaba, en un comienzo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que cumplieran determinadas condiciones -desempleados, trabajadores informales o que percibieran un salario inferior al mínimo vital y móvil- y continuaran con sus estudios o capacitación profesional. El importe original de 600 pesos había sido incrementado un 50% en abril de 2015. A partir de entonces, el haber permaneció congelado en 900 pesos. Eso determinó una licuación del poder adquisitivo, entre abril de 2015 y diciembre de 2017, cercana al 50 por ciento.
Por otro lado dicen ampliar lo que en realidad fueron reduciendo. A finales del año 2015, Progresar contaba con cerca de un millón de perceptores. Durante 2016 y 2017, los denominados «errores» técnicos en la carga y la validación de información repercutieron en la expulsión del programa de al menos el 50% del total de inscritos. El nuevo programa establece cupos, ya que la asignación se realizará por estricto orden de mérito y somete una vez más a competencia a los grupos más vulnerables.
Las nuevas Becas Progresar son regresivas porque discriminan justamente a los estudiantes de bajos ingresos que son los que más lo necesitan y adolecen además de una mirada de género al no considerar que las alumnas que embarazadas perderán casi con seguridad el beneficio al no poder cumplir los requisitos de aprobación del 75% de las materias.
Otra característica de la “nueva política” es que la aplicación del nuevo modelo de plan cubre 10 cuotas al año mientras que antes se pagaba a lo largo de todo el año y uno de los requisitos que se les exige a los beneficiarios es no tener trabajo.
«Estas medidas nos preocupan de sobremanera, ya que cada vez más vemos afectada la inclusión educativa, las oportunidades para todas y todos los estudiantes de nuestro país», manifestó el Diputado Daniel Trabalón al presentar la iniciativa
