Las empresas que comercializan viviendas prefabricadas, sea en locales físicos o través de sitios web. La misma dependencia advierte que el sector tiene una alta irregularidad: acumula desde reclamos menores hasta casos de firmas que, luego de cobrar anticipos de 100 mil pesos a los clientes, se “esfumaron”.
Acciones
“Es un nicho que registra mucho fraude y engaño, por la gran necesidad de acceder a la vivienda que tienen sectores medios que no llegan al crédito hipotecario. Por eso es muy importante que el cliente verifique si está tratando con una empresa seria”, señaló Ariel Juri.
Las multas aplicadas surgieron por violaciones a la ley provincial de Defensa del Consumidor (24.240). Son sanciones por defectos de instalación y, en algunos casos, falta de entrega.
En estos últimos, las multas recayeron sobre firmas que comparecían ante la demanda del organismo y seguían operando. “Cuando esa conducta cambió, como en el caso de One Finance SRL-Own House, pasamos a Justicia”, aclaró Juri. A esa firma se le labró una multa de 120 mil pesos y clausura de cinco días; más otra sanción de 90 mil pesos.
Otras empresas multadas fueron Covisec SRL-Viviendas el Fuerte (por un monto global de 380 mil pesos); Tu Casa a Tiempo SRL (80 mil pesos) y Grupo VMS SRL-Máxima Viviendas (75 mil pesos).
Judicialización
“Una modalidad que detectamos son firmas que abren un local bien montado, captan gente solicitándole una primera entrega en efectivo o aceptando un vehículo usado, y luego de un tiempo desaparecen”, agregó. También se detectan compañías de otras provincias que captan público local a través de sitios web y reciben pagos por transferencias.
En materia judicial, Defensa del Consumidor informó que se tramitan denuncias promovidas por la dependencia contra las empresas Viviendas El Ombú-Casa Pack, JSL Construcciones-El Pilar, Megabroker, Own House Viviendas Americanas (One Finance SRL), Mundo Emerger, Viviendas Diamante, Tu Casa a Tiempo y Nación Cosecha. Juri aclaró que algunas firmas figuran con dos denominaciones porque también se busca esclarecer esas vinculaciones.
“Las denuncias son por presunto delito de defraudación y estafa. Se trata de casos en los que las empresas habrían cobrado dinero sin entregar la contraprestación que correspondía ni tener intención de hacerlo. Llegamos a esa instancia cuando se excedió el incumplimiento civil”, aseguró Juri, quien puntualizó que, en todos los expedientes, hay al menos dos casos de damnificados.
Según datos de esta dependencia, las denuncias se tramitan en distintas fiscalías de la Justicia provincial. “Aconsejamos a la gente ir realizando pagos en sintonía con el avance de obra”, agregó el funcionario.
