La diputada nacional de Cambiemos salió a defenderse de las versiones que la vinculan con los lavados de enriquecimiento ilícito, asegurando que no tiene relación de ningún tipo ni con las personas ni con las empresas investigadas por la Justicia Federal.
Luego de los 17 allanamientos realizados ayer por la Justicia Federal que involucraron a la empresa Pimp S.A., contratada por la municipalidad de Resistencia en la gestión de Ayala, la diputada brindó una entrevista radial con La Radio para aclarar que «esta es una campaña sucia» y que ella esta a completa disposición de la Justicia.
Ayala explicó que uno de los detenidos, Alejandro Fisher, fue su abogado de uno de sus colaboradores pero que nunca perteneció a su gestión como Jefa Comunal.
A Fisher también se lo tildó como el dueño de la empresa Pimp SA, la cual había sido contratada por la gestión de Ayala para prestar parte del servicio de recolección de residuos.
Ante las acusaciones por parte de los diputados del PJ chaqueño, Ayala replicó: «Hoy, las empresas investigadas tienen trato con la Municipalidad y con la Provincia, no conmigo. Entiendo que los compañeros del Frente Chaco Merece Más están nerviosos y llenan las redes sociales de pasquines que sacan cada dos años, cuando hay elecciones».
La ex Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, remarcó que cuando la Justicia la llame ella asistirá sin poner excusas.
Por último, puntualizó que «jamás pedí la renuncia del Gobernador, ni de nadie”, dado que ella no es quién para pedir la renuncia de alguien electo por el pueblo chaqueño.
LOS ÚLTIMOS DETENIDOS
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó 17 allanamientos y la detención de seis personas: el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales: Jacinto Amaro Sampayo; su esposa, Mónica Centurión y su hijo,Facundo Sampayo, actual funcionario municipal. Junto a Carlos Huidobro, titular de Qamac, la fundación de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco; además del abogado Alejandro Fisher, al que se le atribuye la propiedad de la compañía Pimp SA que, formalmente, corresponde a su esposa Fátima Rigassio, sobre la que también pesa una orden de detención.
