El defensor del Pueblo recomendó aplicar la metodología que sugiere la Resolución 37/13 de la Secretaría de Transporte de la Nación.
La Defensoría del Pueblo de Chaco presentó un amparo contra la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco y el Poder Ejecutivo provincial donde pide que se declare la nulidad de la audiencia pública por el costo de la tarifa del transporte público. La audiencia a través del decreto 54/18 se había iniciado el 23 de febrero y pasó a cuarto intermedio para hoy a pesar de reiterados pedidos de suspensión ante la falta de información sobre el estudio de costos.
Gustavo Corregido pide a la Justicia que se declare la inconstitucionalidad de los instrumentos administrativos que se dicten «como consecuencia de dicha audiencia». Especifica que el Estudio de Costos de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia remitido a la Defensoría del Pueblo para su análisis «no contiene información acerca de subsidios provinciales que se estarían aportando al sistema de transporte público».
Por otro lado solicitó una medida cautelar de no innovar para «evitar que cualquier demora torne ilusorio el amparo» y pidió que «el gobierno se abstengan de aplicar un nuevo cuadro tarifario para el transporte público interurbano de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Resistencia».
Tras el análisis del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo el organismo señala que «la información presentada por la Subsecretaría no brinda datos sobre el capital promedio de vehículos de la flota, la dotación de personal correspondiente al Sistema de Transporte Interurbano discriminados por funciones, la valuación de los inmuebles afectados al Transporte Interurbano de cada empresa, discriminando en valores de edificio, pavimentos y terreno. Además falta conocer el valor de los edificios, de las áreas de estacionamiento y garajes, de las máquinas, herramientas y muebles de cada empresa y documental que permita valorar el patrimonio de cada empresa de transporte».
“Los errores detectados y la omisión de haber remitido la información solicitada, además de no efectuar un análisis detallado de cada rubro que componen la tarifa, es una violación al acceso a la información a un órgano de rango constitucional como es la Defensoría del Pueblo. Esto consecuentemente vició el procedimiento de la audiencia pública y la misma es de nulidad absoluta, atento a que la finalidad es la participación ciudadana y omitiendo datos se bloquea esa participación”, explicó el defensor.
Corregido recordó que la Defensoría del Pueblo emitió «más de una recomendación pidiendo que se realice un nuevo estudio de costos representativo del sistema del Transporte Público del Área Metropolitana del Gran Resistencia y la convocatoria a una Nueva Audiencia Pública».
Durante la última semana «se reiteró el pedido del acceso a la información que faltaba y aun así no se completó la cantidad de datos necesarios. Por otro lado señaló que también la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco presentó un estudio de costos sin indicar la normativa aplicada ni documental que avale los cálculos realizados y ese estudio arrojó un costo por pasaje de 14 pesos. Esto se debe a la falta un criterio específico que unifique la metodología, como por ejemplo el número de unidades contenida en una empresa tipo».
El ombudsman indicó que «las deficiencias en el desarrollo de la metodología para el desarrollo de los costos actualmente aplicada por el gobierno provincial se apartan de las premisas de cálculo que se implementa en el orden nacional, redundando en valores arbitrarios de la tarifa, que perjudican al pasajero».
Además recordó que la Defensoría del Pueblo presentó ante el Poder Legislativo un proyecto de ley para aunar criterio. “Es de urgente necesidad una revisión integral de toda la metodología de cálculo de la tarifa del transporte público ajustada a la normativa de la concesión del servicio”, marcó.
Errores en el costo, el pasaje debería ser de $10,89 y no de $11,50
Finalmente desde el departamento técnico de la Defensoría del Pueblo se advirtió que «analizando los datos a los que sí se dio acceso, existen errores en los valores del costo por kilómetro. Por lo tanto el costo del pasaje debería ser de $ 10,89 y no de $11,50 como proponen los funcionarios provinciales».
Según esos datos, «por cada kilómetro que recorre una unidad del transporte público es necesario un incremento de los ingresos de $/km 4,60396 y considerando que por cada kilómetro que recorren las unidades hay 1,96 pasajeros, cada pasajero debe abonar $2,35 para cubrir el déficit que se calcula y ese es el incremento que debe sufrir la tarifa actual de $8,54».
