El referente y miembro del Centro Mandela dialogó con TN24.COM.AR y se refirió a los escándalos desatados en la Provincia del Chaco tras las investigaciones que lleva adelante la Justicia federal. Entre los hechos, está bajo la lupa el contrato de la Municipalidad de Resistencia con la empresa PIMP S.A. para tercerizar la recolección de residuos durante la gestión de la actual diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala. Por dicha operación, descubierta en 2015 gracias a Núñez y un equipo de colaboradores, detuvieron recientemente a personas cercanas a la dirigente radical.
El titular de la entidad independiente que brega por los Derechos Humanos recordó que, al publicar el extenso informe sobre la empresa PIMP S.A en la página del Centro Mandela, los medios de comunicación lo replicaron prácticamente al instante. Incluso algunos, dijo, lo quisieron utilizar políticamente. Pero dejó en claro que la organización y sus trabajos no tienen la intención de influir en la cuestión electoral, sino que simplemente se dedica a la investigación social y más cuando se manejan o administran fondos públicos.
Puntualmente sobre la conexión entre PIMP S.A y el Gobierno municipal de la capital chaqueña, Núñez detalló que el Centro Mandela se interiorizó en el tema en 2015 al tomar conocimiento sobre dos contratos de tercerización en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y residuos no convencionales decididos por la Municipalidad -en aquel momento bajo el mandato de Aída Ayala- y otorgados a una empresa en particular.
«Al advertir eso, notamos una serie de posibles irregularidades», comentó Núñez y precisó: «desde los pasos de licitación, hasta los valores que sumaban 500 millones de pesos». Eso motivó que el equipo del Centro Mandela analice los futuros servicios que prestaría PIMP y lo que recibiría por los mismos, pero encontraron un dato llamativo: la empresa estaba recién constituida, sin antecedentes, y uno de sus titulares era Alejandro Fischer. Casualmente Fischer había participado en la campaña de Aída Ayala para competir contra Domingo Peppo por la gobernación de la provincia, y al menos en esa época era muy cercano a la ex intendente. Hoy está detenido.
«Aída Ayala en ese momento era intendente de Resistencia, y fue quien firmó los convenios con PIMP S.A», aseguró el entrevistado, en alusión a quien hoy es diputada nacional de Cambiemos.
«También estaban vinculados familiares y personas del ámbito político y de relaciones sociales», agregó Núñez al mencionar lo que descubrió indagando el caso y llegaron a la conclusión de que «era mucho lo que se iba a pagar, ya que lo comparamos con el gasto que hacía la propia administración municipal sin tercerizar el servicio».
Explicó también que se analizaron distintos puntos, como la cantidad de unidades para recolectar basura, el personal, el costo de mantenimiento y otros factores que de ninguna manera justificaban la millonaria suma que favorecía a PIMP S.A.
«Otro tema que nos pareció importante fue que la Municipalidad de Resistencia se había declarado en emergencia económica y financiera», sostuvo Núñez, y evidentemente la situación solo cerraba para un sector.
Luego el caso pasó a la Justicia, con denuncias hechas -por ejemplo- por el diputado Ricardo Sánchez y otras personas por contratos abusivos o desproporcionados.
«Nosotros no seguimos en el tema, porque no fuimos denunciantes en el ámbito legal, y desconocemos como siguió o sigue esa cuestión en detalle», reveló Núñez. De todas formas, supo que una testigo pidió la reapertura de la causa.
Sobre la posible continuidad del caso en la justicia, remarcó: «bienvenido sea si hay elementos que confirman que lo de PIMP S.A. y el municipio fue un contrato leonino, que favoreció solamente a una de las partes y que afectó a los bienes públicos de la Ciudad de Resistencia».