Por Roberto Espinoza*.
La intervención del PJ decretada por la jueza Servini de Cubría (tan o más irrisorio que esta intervención es que su interventor sea Luis Barrionuevo, cuyo “mérito” más destacado es el haber quemado urnas en las elecciones de Catamarca) es la frutilla del postre de una tendencia que cubre a varios países de América Latina-con Brasil como muestra más emblemática-: la judicialización de la política, en donde una de las herramientas favoritas termina siendo el abuso del criterio de “prisiones preventivas”, que además violenta el principio garantista de presunción de inocencia.
El pedido de detención y el desafuero de la diputada nacional Aída Ayala que hizo el fiscal Patricio Sabadini, sumado a la ola de detenciones que ya se lleva ejecutado en la provincia por la causa de Lavado I y II, demuestra que Chaco también debe pugnar contra un proceso político ahogado por términos judiciales. ¿Esto implica que la provincia sufre, al igual que en el país vecino, de un accionar judicial dudoso a la hora de encarar juicios contra dirigentes de peso como el ex Presidente Lula Da Silva? No. Pero la irrupción espectacularizada de allanamientos cooptó el debate político. Los problemas más graves con los que debe lidiar el gobierno chaqueño-déficit fiscal, pobreza, aumentos a estatales, quedan tapados ante un sinfín de requisitorias jurídicas, denuncias y respuestas de acusaciones. En otras palabras, las denuncias –anónimas- suplantan a las soluciones políticas a esos problemas que aquejan desde hace décadas a los habitantes chaqueños.
Así la honestidad surge como una condición indeleble para evaluar cualquier acto político. Se apunta a la corrupción como el eje de todos los males. Hacer política pasa exclusivamente por dilucidar la dicotomía si se es corrupto o no. Es ahí que el aspecto judicial deviene en una herramienta clave, no tanto para lidiar con la utópica erradicación de la corrupción, sino más bien para tratar de afectar al adversario, sacar alguna ventaja de ello. No se vislumbra una finalidad puritana. No hay así una carrera creíble en pos de la transparencia. Nadie puede desconocer que las sospechas de corrupción contra algunos ex funcionarios del gobierno es un problema grave. El dilema está cuando se clausura cualquier debate político anteponiendo como barrera insondable una moralina de dudosa credibilidad.
¿ES POSIBLE UN “MANI PULITE” A LA CHAQUEÑA?
Para que este Lava Jato provincial sea tal debería dilucidarse si realmente hay un convencimiento de todo el arco dirigencial por investigar sospechas de corrupción, no solo aquellas que recaen sobre la actual gestión de Domingo Peppo, sino también sobre las que recayeron sobre gobiernos anteriores. Para graficar basta con citar dos ejemplos de sospechas que quedaron stand by en la mira de la justicia chaqueña o Federal, o que no tuvieron toda la profundidad esperable ante denuncias de una gravedad inusitada. A saber:
-La fenomenal venta de tierras fiscales a precios irrisorios que se dio especialmente durante el gobierno de la Alianza. Pese a tres ex funcionarios menores del Rozismo que fueron condenados por la justicia provincial, la causa nunca fue tratada con la profundidad pertinente. Para tomar real dimensión de estas ventas, debe tomarse en cuenta que entre 1994 y diciembre de 2007, Chaco perdió el 80 por ciento de sus tierras fiscales. El dato es todavía más grave cuando se analiza que por lo menos la mitad de ese porcentaje o se malvendió o está en manos de sociedades anónimas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Después de 13 años de iniciadas las actuaciones en esta causa por fraude a la administración pública en torno a la adjudicación irregular y ventas de tierras, la causa sigue planchada, esperando definición en la justicia.
-En marzo del 2015 Atilio Velázquez de Lealtad Popular había denunciado por “irregularidades” en el manejo de más de 5 mil millones de pesos que hicieron funcionarios de los diversos ministerios durante el mandato de Jorge Capitanich. Esta denuncia de Velázquez estaba sostenida en la falta de respaldo documental sobre 5.497 millones de pesos que manejaron distintas carteras en ese entonces. Para Rolando Núñez del Centro Mandela las investigaciones de la Justicia provincial comenzaron, pero luego de lograr ciertos avances fueron “interferidas por las autoridades del Poder Judicial”. Ahora parece que la Justicia Federal volverá a poner el foco en esta causa.
¿CÓMO SE HACE PARA CREER EN LA JUSTICIA?
Zunilda Nieremperger expresó que la sociedad chaqueña está observando con mucha atención el rumbo de las investigaciones contra ex funcionarios de Peppo que está bajo su responsabilidad. “La comunidad necesita recuperar la confianza en sus instituciones”, sostuvo la jueza Federal. Esta lectura de la magistrada es inobjetable. El problema es que la justicia federal, especialmente la que tiene epicentro en Comodoro Py , está en el ojo de los cuestionamientos por su postura acomodaticia al poder político de turno. Muchos de sus principales exponentes-Bonadío, Oyarbide, Servini- cuentan con menos credibilidad que la que tienen los diversos dirigentes investigados.
Para Núñez es necesario marcar diferencias de funcionamiento entre la Justicia Chaqueña y la Federal en el proceso de indagar sospechas de corrupción. “La justicia penal de la provincia está y estuvo en bancarrota. Sólo está para investigar casos de homicidios. Los casos de posible corrupción o no son investigados, o si investiga, la investigaciones no conducen a nada”, concluye Núñez al remarcar que ésta situación fue sembrando una sensación de impunidad, y eso hace que hoy se genere un clima de “hipercorrupción”.
A su vez, la justicia Federal tiene sus propias características que vale analizarlas. Lo positivo, según Núñez, es que al menos ahora “está investigando”. Pero tiene problemas de estructuras. “El juzgado Federal número 1 debería ser cerrado por estar saturado. Es el Juzgado que tiene más expedientes atrasados del país. En cambio el número 2, al ser nuevo, está en un proceso de conformación”, afirmó.
¿Cuál es el riesgo que subyace en este tipo de acciones judiciales supuestamente reivindicatorias? Que los medios-y con ello la opinión pública- terminen presionando sobre las investigaciones de la justicia, logrando así una “condena mediática” mucho antes que la justicia ordinaria. En esa sentencia mediatizada-propagada furiosamente por redes sociales- las pruebas fehacientes de los supuestos delitos no importan demasiado. La era de la posverdad llegó para quedarse. .
Así las cosas, esa meta noble que se autoimponía Nieremperger puede derivar en una sobreactuación. Para que ello no ocurra se debe evitar cualquier tipo de desvíos del camino de la seriedad en la investigación judicial que se está dando en Chaco. La premisa sine qua non debe ser la búsqueda de pruebas rigurosas y contundentes.
No ayuda para tal fin la sobreexposición mediática de ciertas denuncias que no cuentan con esos avales de veracidad exigida. Al contrario. Tal fue el caso de las acusaciones que se filtraron desde la fiscalía de Sabadini sobre el supuesto “borrado de archivos de la nube” que habría hecho el director de ECOM S.A. Leandro Flaschka (noticia propagada por gran parte de la prensa chaqueña) pero que sin embargo, al poco tiempo, fue el propio Sabadini que puso dudas a esa versión al afirmar que existe la posibilidad que esa denuncia anónima que apuntaba contra Flaschka “pueda ser errónea (no tuvo el mismo rebote mediático). Pero el daño ya estaba causado. Para una porción importante de la sociedad los denunciados eran “corruptos que querían borrar pruebas”. Poco importaba ya que las pruebas para semejante afirmación eran muy endebles.
LAS DENUNCIAS Y LOS MEDIOS
Tampoco contribuye para lograr esa mentada credibilidad en las pesquisas judiciales que los allanamientos se den tres años después de lo aconsejable, que fue lo que sucedió en la causa PIMP, que había estallado ya en los primeros meses del 2015. En ese contexto se entiende el resultado. En lugar de encontrar la Fundación Construir se toparon con un local de Cambiemos. Ni García Márquez con Macondo hubiera empardado esto.
A partir de la repercusión que va tomando los comentarios por las redes sociales, tampoco los medios convencionales colaboran para esclarecer algunos aspectos de la causa Lavado I y II. Un ejemplo de ello es la difusión de una entrevista hecha al propio Rolando Núñez con un título bien elocuente: “En el primer año de Peppo, se transfirieron $ 6 mil millones a la Fiduciaria del Norte”. Observando las opiniones vertidas por las redes a partir de esta información, la conclusión era inequívoca: “Se robaron todo y no aumentaron a los docentes”, “Pobre provincia del Chaco”, “¿Cuándo serán detenidos los que se robaron esa plata?”, fueron algunas de las deducciones volcadas por facebook o twitter.
Sin embargo nadie ahondó qué implicancias tiene esa esa transferencia denunciada. El titular de Fiduciaria del Norte Sergio Slanac se mostró sorprendido porque prácticamente no recibió llamados para escuchar su versión de dicha denuncia. Es más, dijo que “Núñez se quedó corto con esa cifra”. Ahora bien, ¿esto significa que ese caudal de dinero derivado a la Fiduciaria ingresó a un agujero negro? Slanac fue tajante: “de ninguna manera. Tenemos cuatro fiscales de los distintos entes de contralor supervisando nuestras cuentas diariamente. Contamos con todas las documentaciones que avalan la transparencia de esos fondos recibidos”.
¿Puede tomarse estas palabras de Slanac como algo definitivo e indiscutible? No. Lo raro es que no se lo haya consultado, o al menos, que no haya tenido la misma posibilidad que tuvo Núñez.
¿LAWFARE A LA CHAQUEÑA?
lawfare es el término en inglés de moda en la política, que popularizó en nuestro país la ex presidenta CFK, y que se usa cada vez más para denominar a la supuesta politización del poder judicial. Este término anglosajón define al uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Todo en el marco de una supuesta legalidad, “legitimada” por una inmensa cobertura mediática, que termina siendo-voluntaria o involuntariamente- mensajeros de un poder judicial que, insistimos, paradojalmente es tan o más sospechado que el propio poder político investigado.
Salvo por lo de la supuesta legitimidad impuesta por la cobertura mediática, no se puede hablar concretamente de un lawfare a la chaqueña. Esa cobertura por sí sola no es un inconveniente, salvo que estamos ante una opinión pública que sólo se guía por titulares informativos. Giovanni Sartori hablaba de una “sociedad teledirigida” en la que el hombre copernicano, el hombre que lee, está agonizando. Para el politólogo italiano el homo sapiens dejó paso al homo videns. Un hombre que solo sabe de aquello que está traducido en imágenes. Trasladado a los tiempos de la web, esta predicción de Sartori se potencia enormemente. Las conclusiones salen mucho más fácil que cualquier profundidad del saber. Es mucho más simple tildar de corruptos a sospechados que son detenidos preventivamente que leer una nota completa de un medio digital. Ya ni hablar de escarbar en el expediente de esas causas. Ante ese escenario complejo, Sartori alertaba que se pone en riesgo la supervivencia de la democracia.
Martín Caparrós proponía abrir el abanico de la discusión política más allá de la corrupción. Pedía en su libro Argentinismos que también se valore el discutir sobre el poder real, la riqueza, las clases sociales. Para el escritor la honestidad es el «grado cero de la actuación política», pero concluía que en política no alcanza con que un político sea honesto. La honestidad es-o debería ser- un dato menor: el disparador a partir del cual hay que comenzar a indagarse qué política propone y aplica cada cual. O sea, en otros términos: la política no debe pasar-pero pasa- únicamente por tirar denuncias o carpetazos.
(*) Roberto Espinoza es Licenciado en Periodismo; panelista de Chaco Debate en Radio Provincia del Chaco, conductor de Economía Para Todos y docente en el Instituto Terciario Rodolfo Walsh.
