Lo dijo la jueza Federal ante las declaraciones de la diputada nacional, Aída Ayala, quien adujo una persecución política – de parte de la Justicia – hacia su posible candidatura para gobernadora en 2019. La magistrada dejó en claro los pasos de la investigación para finalmente tomar la decisión de solicitar los correspondientes allanamientos y las detenciones: «no nos hemos quedado con los brazos cruzados y sólo con la mención de que alguien políticamente quiera perjudicar a otro», expresó Niremperger.
La jueza Federal, Zunilda Niremperger, describió los pasos judiciales que se llevaron a cabo en la investigación sobre lavado de activos I y II, que desembocó en las ordenes de detenciones de diversos ex funcionarios de Gobierno y del Municipio, incluyendo a la ex intendenta Aída Ayala, involucrada en la causa por enriquecimiento ilícito con la empresa PIMP S.A.
El pasado viernes, en una entrevista exclusiva a TN24, Ayala dijo que detrás de la investigación que aborda el fiscal federal, Patricio Sabadini, hay una «persecución política» para desmantelar su posible candidatura a gobernadora en 2019.
En este contexto, la jueza Niremperger, manifestó que «lo único que le interesa es lo que hay en el expediente» y que por esta misma razón toma los recaudos «en cada paso que se toma» al momento de avanzar en la investigación, solicitando «toda la información necesaria de todos los organismos de la provincia».
«Es imposible evitar que se hagan cualquier tipo de manifestaciones, ya sea personalizadas o discursivas, mediáticas políticas, de todo tipo», consideró Niremperger.
«El día que entró en este tribunal un pedido de investigación en un expediente, que el fiscal federal (Sabadini) ya venia realizando una investigación preliminar de más de un mes, en este juzgado se procedió a actuar en consecuencia, como hacemos todas con todas las denuncias y expedientes que vienen con requerimiento del fiscal», explicó en Radio Provincia del Chaco.
«Por lo tanto, si ven el andamiaje que tuvo el proceso en este expediente en el momento que el requerimiento entro a este tribunal, no tiene mas que verificarse que realmente no hay ninguna diferencia con otros expedientes», subrayó la magistrada.
«La fiscalía llevo adelante una investigación, por un tiempo determinado, respecto a la notitia criminis que había sido dado como medida probatoria para corroborar los extremos más importante, que son lo básico para plantear una denuncia y de modo que lo planteó el fiscal con el requerimiento que hizo contra determinadas personas ante este tribunal», detalló.
«O sea, si hay una cuestión política tendenciosa por detrás, puede haber todas las cuestiones políticas habidas y por haber como otros intereses. Lo cierto es que, desde que entró a este tribunal, lo único que me anima a mi es lo que hay en el expediente», manifestó la magistrada.
«Por eso también me preocupa cada medida que hacemos, cada paso que damos y que todo el tiempo estoy leyendo, releyendo y pidiendo toda la información necesaria de todos los organismos del Estado, ya sea al Juzgado Provincial, donde la señora Aída Ayala manifestaba que ya había sido juzgada, al tribunal de cuentas, para saber como se expidió en el caso particular de PIMP, al momento de realizarse la licitación que está en este caso cuestionado; al municipio de Resistencia para pedir que antecedentes existen y también que se hizo con esta licitación», señaló Niremperger.
Agregó: «A todos los organismos donde se repitan las personas jurídicas y también a la cámara de Comercio y demás organismos públicos para ver cómo estaban compuestas estas personas jurídicas cuando comenzaron en aquel momento en esta concesión de servicios públicos y si se siguieron los pasos correspondientes para llevar adelante».
Es por ello que,«en el caso que se haya seguido o no se hayan seguido, y exista algún tipo de irregularidad para el caso, quienes son las personas que tenían en sus manos el poder de disposición de los fondos y antes que eso a resolver la conceción», explicó.
«Y por otra parte, todos aquellos que participaron de la evaluación del proyecto y de todos los requisitos previos, ya sea legales y materiales, de la licitación de PIMP, que es una referencia, porque es una de las empresas que aparecen vinculadas a la sospecha de delito, porque siempre tenemos que tener en cuenta que esto es una sospecha, para luego poder tomar una decisión fundamental que es al momento de resolver la situación procesal», deslindó la magistrada.
En este sentido, consideró que «entonces, imagínese, que no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni sólo con una mención de que alguien políticamente quiera perjudicar a otro».
Fuente: Radio Provincia
